La derecha colombiana ha tomado del texto constitucional de 1991 los artículos que más les convienen: la seguridad, la defensa de la propiedad y el apoyo a los grandes empresarios para mantener el empleo digno, a través de exenciones y exclusiones tributarias. Pero el estado social es mucho más que eso, en la medida en que la Carta política es una disposición normativa, es decir, que se aplica de manera directa, por el poder que emana de ella misma. Si bien se necesitan las leyes, la máxima expresión de la normatividad es el articulado de la Constitución. Bien ha dicho la Corte Constitucional que existe estrecha relación entre el principio del Estado social de derecho y el principio democrático. El primero supone la adopción de políticas sociales que normalmente solo a través del segundo se establecen.
Por ejemplo, las demandas por bienes y servicios formuladas por las personas, los grupos, las asociaciones, los partidos y demás formas de acción y cohesión social, se hacen presentes, compiten y se tramitan a través de los distintos mecanismos, directos e indirectos, de participación democrática. La distribución del producto social es esencialmente un asunto político, máxime si entraña gasto público y supone el ejercicio de la potestad tributaria enderezado a arbitrar los recursos para realizarlo. (ver entre otras la C-517/92 y T-483/95)
Por otra parte, el artículo 368 de la C.P., debe analizarse en el contexto del Estado social de derecho, del cual es pieza fundamental. En esta forma de Estado, es deber del gobierno asegurar la prestación de los servicios públicos a “todos” los habitantes del territorio, para lo cual la anotada política de subsidios prevista en la Constitución es uno de los principales instrumentos dirigidos a buscar que la igualdad sea real y efectiva y se evite que, con ocasión de su organización y puesta en marcha, se genere discriminación y marginalidad. Corresponde al legislador autorizar la concesión y el monto de ayudas para las personas de menores ingresos.
La derecha extrema, que critica el asistencialismo estatal y trata de “vagos” a los pobres, desconoce la esencia misma del estado social de derecho, de la carta política de 1991 y los derechos universales de las personas que sufren discriminación por falta de recursos para sobrevivir. En vez de descalificar a los pobres deberían estimular a los empresarios para crear empleos de calidad y bajar las ganancias de sus empresas entregando parte de ellas a sus trabajadores.
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