El proyecto de reforma a la salud impulsada por el gobierno del Presidente Petro ya casi es una realidad, con el trámite afirmativo que ha recibido de la Cámara de Representantes. Los partidos que reciben aportes de los verdaderos dueños de la salud, de las IPS y de las EPS, no quieren dejar que haya una transformación de tales organizaciones, porque ello implicaría dejar de recibir cuantiosos recursos para las campañas políticas. Y han cerrado filas en contra, pero los votos de la mayoría de los congresistas, que saben que lo que dicen los medios sobre el mejor sistema de salud solamente existe en la imaginación de algunos periodistas, por eso han votado a favor de las reformas lo que es bueno para el pais.
Empecemos por la necesidad de que algunos temas como la drogadicción y las enfermedades, que se han convertido en problemas de salud pública, deben ser atendidos con eficiencia y eficacia. Pero las EPS no han intervenido en tales complicaciones porque el dinero que reciben del Estado para atender la salud lo desvían a otras actividades como mejorar sus inversiones en infraestructura o atender asuntos empresariales ajenos al sistema que los nutre de recursos económicos. Y hay otras dificultades, como señalan las estadísticas, pues cada año 347 menores de edad mueren por desnutrición, otros 427 por enfermedades respiratorias agudas y 89 más por enfermedades diarreicas agudas. La deuda que tiene Colombia con la población infantil y adolescente es de tales proporciones y acumulada durante tantas décadas, que parece impagable. Es un saldo en rojo que de seguirse acrecentando terminará resquebrajando de tal manera las bases de la sociedad que ya será imposible reparar sus cimientos.
Según las OMS “un sistema de salud ideal debería caracterizarse por: • Ser universal, entendiendo por universalidad la cobertura total de la población. • Prestar una atención integral que incluye la promoción de la salud, así como la prevención, el tratamiento y la rehabilitación de la enfermedad. • Ser equitativo en la distribución de los recursos. • Ser eficiente. • Ser flexible para así poder dar respuesta a las nuevas necesidades que se vayan presentando. • Ser participativo: toda la población debe participar de algún modo en la planificación y la gestión del sistema sanitario.”
El sistema de salud colombiano manejado por el sector privado, no es universal, no incluye la promoción de la salud ni la prevención, que implica llamar a los pacientes a exámenes cada año para saber cómo evoluciona su salud integral, es decir, su manejo no es eficiente, ni flexible ni participativo. No cumple por tanto los estándares de la salud de hoy que exigen que la misma sea considerada como un derecho fundamental. La Corte Constitucional “al estudiar los complejos problemas que plantean los requerimientos de atención en salud, se ha referido a dos dimensiones de amparo, una como derecho y otra como servicio público a cargo del Estado. En cuanto a la salud como derecho fundamental, este debe ser prestado de manera oportuna, eficiente y con calidad, con fundamento en los principios de continuidad e integralidad; mientras que, respecto a la salud como servicio, se ha advertido que su prestación debe atender a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad.” En fin, es claro que la salud no es un negocio sino un derecho que debe ser supervisado y controlado por el Estado.
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