El verdadero problema para resolver en el tema de la salud es si los operadores de la misma la han convertido en un comercio de la vida y de la muerte o si verdaderamente estamos en presencia de la mejor estructura de salud del mundo. Lo primero es revisar si las cifras destinadas a la salud de los colombianos corresponden con la calidad del servicio, en lo cual la mayoría están de acuerdo: las citas son demoradas, la atención es deficiente y lo peor, los dineros en algunas EPS han caído en manos de corruptos que se han enriquecido contra toda norma legal en perjuicio de todos los enfermos de Colombia; lo segundo, es si el Estado puede o no reclamar que como administrador de esos ingentes recursos públicos sean manejados con más eficiencia y transparencia.
Miremos cómo en los dos puntos de vista anteriores el Estado tiene una gran capacidad de gestión, teniendo en cuenta que “la atención en salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a los servicios de salud, protección y recuperación de la salud”. (Art. 49 constitución Política de Colombia). Ahora, si la constitución es norma de normas ella está por encima de la ley ordinaria o estatutaria, y nada valen los acuerdos que en el pasado hayan hecho empresarios y gobierno para monopolizar los dineros públicos con daño y menoscabo de la salud de las mayorías. Luego las normas existentes se pueden cambiar.
Finalmente hay que creerles a los expertos en salud, no a los políticos que defienden intereses particulares por encima de los deseos del pueblo de tener una salud cercana a ellos, donde atiendan a sus hijos y sus necesidades vitales con prontitud e integralmente. Por eso “tras los fallidos debates sobre la reforma a la salud que hoy ponen en vilo el sistema de salud del país, la Junta Médica Nacional, conformada por organizaciones médicas de carácter gremial, científico y académico de Colombia, expresó por medio de un comunicado su respaldo absoluto al proyecto de reforma a la salud del gobierno del presidente Gustavo Petro”. (24/11/2023). En el documento se afirma: “La falta de transparencia en la gestión financiera de las EPS, junto con auditorías cuestionables y un control casi total de 84 billones de pesos al año, plantea serias dudas sobre la eficacia y legitimidad del actual modelo de salud”. A ver si los políticos dejan de defender a los deshonestos y se apuntan a un cambio integral en beneficio del pueblo colombiano sin sesgos ideológicos.
El Gobierno Nacional debería promover 32 foros, uno por departamento, para dialogar directamente con el pueblo y llevar a la Junta Médica por el pais explicando el nuevo modelo y el resultado de los estudios técnicos y científicos que ellos desarrollaron. Asì se confronta con los políticos cuyos estudios son escasos.
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