Colombia es una República y un Estado social de derecho, fundado en el respeto a la dignidad humana y la solidaridad, donde debe prevalecer el interés general. No obstante, los fundamentos dogmáticos y constitucionales de Colombia, los empresarios no han entendido que por encima de la economía está la persona humana y que, si bien el Estado debe promover el empleo y la libre empresa, también lo es que sin personas que lo habiten, con derecho inviolable a la vida, libres e iguales ante la ley, no habrá pais para nadie.
Hay una cerrada carrera por hacer prevalecer los principios del neoliberalismo, sobre los que desarrolla el Estado social. Esa comprensión lingüística es sustantiva para que los territorios hoy abandonados de la periferia de Colombia, precisamente donde gana el pacto histórico, recuperen su derecho a una vida digna, donde la igualdad real y efectiva se vea en las actividades diarias de los seres humanos que habitan esas tierras hermosas y ricas para el turismo y para la agricultura.
Pero no, los ricos de Colombia se quejan porque no se construyen carreteras 5G, porque caen las ventas de casas, carros y motos, en unas ciudades congestionadas en materia de movilidad, mientras se puede hacer vivienda en los pueblos que están en la Guajira, Arauca, Casanare, Meta, Amazonas, Putumayo, Nariño, Cauca, Chocó y asì evitar que los campesinos huyan a las ciudades donde ni siquiera pueden movilizarse en el transporte público porque los costos son elevados para ellos. Casi todas las ciudades de Colombia tienen regulación de pico y placa, lo que acarrea que un vehículo está la mitad del año guardado y algunos lloran por más ventas de automotores y motos. ¡Una verdadera paradoja! Para qué carros si no hay vías y para qué motos si los jóvenes están muriendo a miles por las imprudencias de todos.
La ANDI, Asociaciòn de los poderosos de Colombia, que controlan la industria y el comercio de bienes y servicios, no presenta un plan de crecimiento equilibrado y decoroso, donde toda la población de Colombia progrese y alcance sus objetivos vitales como formar familias y tener hijos con posibilidades de salud y estudio. No, ellos defienden a las EPS como están, a pesar de los más de $2 billones que se están investigando por la Fiscalía por corrupción, de las condenas a Guillermo Grosso y de Carlos Palacino, las más paradigmáticas por los montos extraviados en diversos delitos. Y hoy sabemos que de las 24 EPS que prestan servicios, 20 no han mantenido las reservas técnicas y que esos dineros se han desviado para actividades diferentes a la salud de los Colombianos. La Fiscalía tiene la obligación de tomar esos datos y hacer las auditorias que correspondan para llevar a los delincuentes a las mega cárceles que tanto desean algunos activistas de extrema derecha. Y que el Fiscal trabaje, en vez de estar dando discursos sin ninguna profundidad intelectual.
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