La Carta Magna de 1215 fue el preludio de la igualdad de los hombres ante la ley. En el numeral XXXIX dispuso “ningún hombre libre será tomado o aprisionado, desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o de alguna manera destruido; no dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, o por la ley del país”. Luego en la Declaración de Derechos del Hombre y del ciudadano se escribió: “Ningún hombre puede ser acusado, arrestado o detenido, salvo en los casos determinados por la Ley y en la forma determinada por ella. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deben ser castigados; con todo, cualquier ciudadano que sea requerido o aprehendido en virtud de la Ley debe obedecer de inmediato, y es culpable si opone resistencia.”
Tales mandatos, expresados de diferentes maneras, hoy son parte de nuestros derechos y libertades, por lo cual nadie está exento de respetarlos por muchos honores y cargos que haya recibido pues ellos no le dan preeminencia o autoridad alguna sobre las demás personas de su sociedad. Luego, la separación de poderes (De l’esprit des lois, 1748) puso a la justicia como la rama encargada de dirimir las diferencias entre los hombres, mujeres y demás géneros existentes. Nadie se exime de responder ante la justicia y, por tanto, debe respetar sus decisiones sin interferir sus autos o sentencias, pues mientras no termine el proceso nadie es culpable, para lo cual existen las sentencias que declaran inocente o no al reo. El caso del expresidente Uribe es paradigmático, y la sociedad tiene que entender que apenas están empezando las acciones judiciales para que un expresidente responda ante los jueces.
En los gobiernos del expresidente ocurrieron situaciones graves que todavía no han sido juzgadas y frente a ellas tampoco hay prescripción. Por ello, en cualquier momento la justicia puede asumir el conocimiento de tales conductas. Las más graves, su posible responsabilidad en el trámite del acto legislativo que aprobó su reelección, donde fueron condenados varios participantes en los hechos y a él nadie lo cuestionó. La otra, determinar si hay responsabilidad de mando en las actuaciones de la fuerza pública en los casos que investiga la JEP, por los falsos positivos y por otros presuntos delitos cometidos dentro de la guerra librada entre insurgentes y el Estado. Hacia el futuro, entonces, los líderes deberán guardar el debido respeto ante decisiones judiciales autónomas, que pueden afectar a una persona que no obstante el grito airado de las víctimas siempre ha negado cualquier participación en hechos delictuosos. Esperemos a que la justicia diga si negar es suficiente para reclamar la inocencia que se proclama. Porque “es una experiencia eterna que todo hombre que tiene poder siente inclinación a abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites”.
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