Es inaudito que en algunas regiones se compren tantos votos y nadie se dé cuenta. La historia de Aida Merlano Rebolledo, la única condenada por tremendo escándalo de votos negociados en la Costa Atlántica muestra que algunos poderes del gobierno se hacen los ciegos y sordos y, por el contrario, coadyuvan a que los resultados electorales se consideren válidos a pesar de estar totalmente viciados. Los comités de garantías electorales no han funcionado, a pesar de tener competencias importantes para vigilar y controlar el fraude que se comete comprando electores. Es cierto que en ocasiones el fraude se comete en las propias oficinas de la registraduría, pero ese tipo de corrupción es fácil de detectar y castigar, con penas que confinen a los tramposos a muchos años de cárcel sin beneficio alguno, por atentar contra las bases de la democracia.
Los partidos son los primeros llamados a denunciar dónde y cómo se hace el fraude. Este 29 de octubre es la fecha para que muchos corruptos vayan a la cárcel. En los pueblos de Colombia todos se conocen, si van personas extrañas a votar es porque hay trashumancia electoral, y unas fotos de ciudadanos camuflados o policías encubiertos, más el testimonio oportuno a las autoridades daría pruebas suficientes para que cada persona inscrita irregularmente vaya a la cárcel entre cuatro (4) y nueve (9) años. Estos comités de fotógrafos políticos es la primera fase de una campaña contra ciudadanos de otros pueblos que buscan obtener ventaja donde algún cacique se quiere entronizar. La democracia local implica que sean los ciudadanos del Distrito o Municipio quienes definan su propia suerte.
El otro delito que es muy común es el de corrupción al sufragante que consiste en celebrar contratos para pagar favores políticos o dar dinero o dádivas con el propósito de sufragar por determinado candidato, partido o corriente política, o para que vote en blanco o se abstenga de hacerlo. Estas personas pueden pagar prisión de cuatro (4) a ocho (8) años. No creo que un elector con la información suficiente de las consecuencias de sus actos pague cárcel por un sinvergüenza que llega a las corporaciones públicas a robar para él y sus compinches. En las regiones empieza la democracia y, por tanto, es allí donde la policía debe ser transparente, incorruptible frente a ofertas de los políticos para que se hagan “los locos” y no denuncien a quien comete delitos contra el derecho al sufragio y violando el poder de escoger a sus autoridades. ¡Vigilancia electoral es una obligación de todos!
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