Los poderosos de Colombia, algunos de ellos dueños de EPS, cuyo negocio es manejar dineros públicos y sacarlos mediante contratos chimbos, hablan de su defensa a los intermediarios financieros de la salud pero se cuidan de mencionar el “robo” descarado que algunos representantes legales de IPS Y EPS han hecho al sistema que hoy lo tienen colapsado. Primero que devuelven lo sustraído y que después salgan a los medios a vociferar sobre su buena gestión. Nadie les cree que vivimos con el mejor sistema de salud del mundo, porque ellos se dedican a recibir los dineros del régimen contributivo y lo que les gira el gobierno del régimen subsidiado, pero no prestan a miles de ciudadanos servicio alguno durante su vida, salvo que el paciente llegue languideciendo y casi moribundo a una clínica o algún hospital o que se les ordene tratamiento mediante tutela. Cada 34 segundos en Colombia se presenta una tutela por violación del derecho a la salud. ¿Si será que el sistema es bueno?
En 22/04/2020 la W incorporó a su página la siguiente noticia: “La cuantía total que investiga en este momento la fiscalía General por el desvío de recursos de la salud en todo el país es de $483.558.188 077, según fuentes del ente investigador a Sigue La W. La administración del fiscal Francisco Barbosa recibió de la Fiscalía delegada ante la Corte Suprema, investigaciones por una cuantía total de $15.955.104.736 y de la Dirección Especializada contra la Corrupción investigaciones por una cuantía total de $467.603.083.341. Hoy esta cifra ha superado los $2 billones. Sigue explicando el medio de comunicación que “Entre las personas vinculadas, según este informe, están: seis representantes de IPS; siete servidores públicos; cuatro particulares y un representante de EPS.”
Pero la otra cada de la moneda es la de las ESE. La directora de la Asociación Colombia de Empresas Sociales del Estado, ACESI, Olga Lucía Zuluaga Rodríguez, hizo un llamado a las EPS Sanitas, Compensar y Sura para que paguen sus deudas con los hospitales públicos del país. Y agregó: “Es preocupante que el resto de la cartera con otras EPS llega a $7,8 billones. Es decir, eso es lo que les deben esas compañías a los hospitales públicos”, señaló. La directora Ejecutiva de ACESI fue enfática en afirmar que buena parte de los hospitales públicos atraviesan serios problemas financieros, por lo que muchos han tenido que ser intervenidos y también liquidados. (La FM 29/08(23). Cada que muere una clínica o un hospital público, nace una clínica particular donde los precios son elevados para el ingreso del colombiano común. Así han florecido los privados en los gobiernos de derecha.
Muchos de estos cobros que se pagaban a las mafias y clanes que giran alrededor de los dineros públicos que controlan las EPS, los asumió el Gobierno Nacional POR VALOR DE MILES DE MILLONES DE PESOS. Pero la Señora Cristina Plazas pide que el Gobierno siga entregando recursos a los privados y que el Estado no maneje esos dineros que son públicos. No dice nada sobre la corrupción y los corruptos que tienen asfixiado al sistema de salud de los colombianos. Los mismo hace la presidenta de ACEMI Ana María Vesga. El sector privado debe ser más serio y condenar esas conductas criminales antes de pedirle al gobierno que cohoneste con la politiquería y la inmoralidad en la salud.
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