El debate que los medios de derecha han abierto por el posible reingreso al gobierno Petro de Laura Sarabia, demuestra que hay una persecucion de la sociedad de la derecha extrema contra las personas del Pacto Histórico ubicadas en cargos de poder. No se han preguntado por qué en las listas de los partidos a Gobernaciones, Alcaldías, Asambleas y Concejos hay tantos hombres con imputaciones penales y otros con juicio abierto y sobre los cuales nada se dice. Claro, porque la nuestra es una sociedad machista que se encalambra cuando los puestos masculinos por excelencia pasan o pueden pasar a la inteligencia femenina, teniendo en cuenta que las mujeres son más independientes y que sus comportamientos morales pueden tener una calificación más alta que la de algunos hombres. No hay una estadística confiable en la pagina de la Fiscalía para demostrar cuantos son los procesados por delitos entre hombres y mujeres, pero sí puede afirmarse que como las mujeres casi no han gobernado, son más los hombres indiciados, procesados y condenados por actos corruptos.
Todo el andamiaje montado contra la exfuncionaria no revela otra cosa que el odio que cada escritor de derecha siente porque un hombre de izquierda llegó a la Presidencia y les desbarató todas las componendas construidas en el pasado y programadas para este cuatrienio. Es decir, les dañó los negocios. Pero Laura Sarabia no ha sido condenada, tiene una llamado a la Fiscalía para un interrogatorio, pero eso no quiere decir que sea culpable. Falta mucho camino para que la Fiscalía demuestre que intervino en los presuntos delitos, que los cometió con dolo o culpa y que no hay duda razonable para que sea condenada. Hay grandes delincuentes que quedan libres por vencimiento de términos, por equivocaciones de la Fiscalía o porque condenaron a un inocente.
La Corte Constitucional, la Corte Suprema, el Consejo de Estado han pedido en diferentes providencias a los operadores judiciales aplicar las nuevas tendencias jurisprudenciales y doctrinales sobre enfoque diferencial e igualdad de género en favor de las mujeres. Tales decisiones constituyen, en consecuencia, una actuación encaminada a materializar un deber convencional y constitucional que la Corte Constitucional, en la Sentencia T-388 de 2018 identificó como la obligación de investigar, sancionar y reparar la violencia estructural contra la mujer, al determinar que: “son los operadores judiciales del país quienes deben velar por su cumplimiento”.
En efecto, “es necesario que dichas autoridades apliquen una perspectiva de género en el estudio de sus casos, que parta de las reglas constitucionales que prohíben la discriminación por razones de género, imponen igualdad material, exigen la protección de personas en situación de debilidad manifiesta y por consiguiente, buscan combatir la desigualdad histórica entre Enfoque Diferencial y Equidad de Género entre hombres y mujeres, de tal forma que se adopten las medidas adecuadas para frenar la vulneración de los derechos de las mujeres, teniendo en cuenta que sigue latente la discriminación en su contra en los diferentes espacios de la sociedad.” Hay que pedirles a los medios y a los políticos que dejen de estigmatizar a las mujeres y que esperen las consecuencias por ejercer actos de discriminacion o de hostigamiento por razones de sexo, delitos que tienen como agravante que “la conducta se ejecute a través de la utilizacion de medios de comunicación de difusión masiva” (Arts. 134A, 134B y 134C numeral 2o del Código Penal).
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