A la derecha poco le importa que haya corrupción en la fuerza pública, mientras a ellos les conserven los privilegios con los que cuentan: que les cuiden sus fincas, yates, aviones y casas de recreo, que les autoricen los salvoconductos de sus armas y les pongan vigilancia personal cuando ellos requieran si se sienten amenazados. Los de derecha no hablan contra la fuerza pública y tienen código de silencio, porque han sido sus socios durante centurias. Puede verse en los excomandantes de fuerza y en los retirados que apoyan a los anteriores gobiernos y desafían al actual del presidente Petro. Pero lo que acaba de ocurrir en tierra alta Córdoba, donde al parecer militares disfrazados de disidencias de las Farc amedrentaron a la comunidad, no puede ser tolerado de ser cierto, pues es un desafío a la política de paz total.
Desde hace varios años hay titulares de prensa muy angustiosos para la ciudadanía: Fiscalía imputó a 22 militares y 2 civiles por corrupción en el manejo de bonificaciones (2023); contratos millonarios ponen al ejército bajo sospecha (2022); corrupción, falsos positivos y operación silencio (2019); otros casos de corrupción son detallados así en las fuerzas armadas en los últimos 20 años: ‘Mirage’, ‘Leopard’, ‘Bell 412’, ‘Fragatas’ y ‘Milicogate’. Es inimaginable que quienes se encargan de cuidar la vida, honra y bienes de todos los ciudadanos incurran en actos corruptos, que deshonran a las instituciones que deberían ser ejemplo de moralidad. Cuando la sal se corrompe toda la sociedad está en peligro.
Seguramente el presidente Gustavo Petro ya habrá tomado medidas para terminar con esa etapa de desprestigio, que no se refiere solamente a “manzanas podridas” sino a un ambiente de inmoralidad basado en el poder de las armas, que acaba con la reputación de quienes deben responder por el orden constitucional y mantener las condiciones necesarias para el ejercicio de los derechos y libertades públicas, y asegurar que los habitantes de Colombia vivan en paz (Arts. 216 a 223 de la Carta Política). El hecho de que exmilitares de alto rango y otros retirados se dediquen de manera pública a hacer política en contra el actual gobierno pone a más de medio país a pensar si no ha llegado la hora de una reforma integral de la fuerza pública con el fin de recuperar la moralidad, la transparencia y la dedicación exclusiva de quienes la integran a los fines para los que fue creada.
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