Los enemigos del gobierno han montado una película judicial contra el Presidente Petro orquestada por la exesposa de Nicolas Petro, ahora de manera sorprendente novia de un congresista de la derecha. En las películas internacionales siempre vemos entramados de personajes y personajillos que urden graves conspiraciones y delitos para enlodar a líderes que quieren sacar del camino de la política o de los negocios. Son los falsos testigos muy de moda en Colombia para presentar a personas inocentes como autores, cómplices o auxiliadores de delincuentes.
Para la configuración de la responsabilidad del Estado por error jurisdiccional, se requiere que la providencia sea contraria a derecho bien porque surja de una inadecuada valoración de las pruebas, de la falta de aplicación de la norma que corresponde al caso concreto o de la indebida aplicación de la misma. Desde esta perspectiva, el error jurisdiccional es aquel que proviene de las llamadas por la Corte Constitucional causales de procedibilidad, entre las que se encuentran el defecto sustantivo, orgánico o procedimental, fáctico, un error inducido, un fallo sin motivación o, incluso, un desconocimiento del precedente o una violación directa de la Constitución. Entre 2014 y 2019 la Nación ha sido condenada por valor de $1.9 billones por decisiones erróneas tomadas por administradores y por la rama judicial. En las decisiones de la justicia penal se incurre en un error de hecho al no haberse identificado e individualizado al verdadero responsable del hecho ilícito. En el caso concreto de Nicolas Petro la prensa de derecha y sus voceros extienden la responsabilidad penal si la hubiere a personas ligadas con el Presidente sin haber siquiera evaluado el acervo probatorio que la Fiscalía dice tener. No olvidemos que en Colombia ni la Fiscalía ni la prensa condenan, son los jueces de la República los responsables de dictar sentencias.
Colombia tiene precedentes funestos pues en la lucha contra los carteles de la droga investigaron y judicializaron regiones como el occidente colombiano, el norte, el noroccidente, el nororiente y el centro. Pero la realidad es que los únicos carteles derrotados por la justicia fueron los del suroccidente, mientras los demás permanecieron vigentes y siguen ocupando territorios con las drogas ilegales. Congresistas y excongresistas vinculados al paramilitarismo y al tráfico de estupefacientes no han sido investigados ni juzgados, pero otros de manera eficiente son sacados de la política con procesos exprés.
Para la campaña política de este 2023 hay en las propuestas para gobernaciones y alcaldías personajes con vínculos delictivos y nadie los toca. Pero el caso presidencial es sometido a acoso judicial y mediático, señalando al primer mandatario como si fuera autor o cómplice de los delitos que se publican. La justicia colombiana no puede dejarse permear por la política y debe investigar sin presiones de partidos perdedores, que quieren recuperar con denuncias lo que perdieron en las urnas. Ahora preguntemos: ¿por qué no pasa nada en la justicia con las acusaciones de Aida Merlano, de Salvatore Mancuso y contra las Campañas de Santos y Oscar Iván Zuluaga? Respuesta: porque la derecha no se investiga a sí misma. Y los medios de comunicación importantes son de la derecha.
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