El Estado colombiano ha sido saqueado por grupos de personas con mucho dinero, en parte ganado en actividades ilícitas y, la otra, mediante inversiones en negocios aparentemente legales, que han acrecentado sus riquezas. Muchas de esas empresas comerciales e industriales estaban cobijadas por la presunción de inocencia, pero en el último año se les han venido rompiendo las bolsas y el dinero ha caído sobre la tierra donde todos los buenos ciudadano lo ven. El abuso de esa abundancia de bienes mal habidos los ha puesto en evidencia y el Estado tiene que acudir de manera rápida a procesarlos y a quitarles lo que no se merecen. Según las investigaciones de los medios de comunicación hoy tienen asiento en el Congreso 58 personas vinculadas a escándalos de corrupción y parapolítica. Todos elegidos en los comicios del 2022.
El diario el Tiempo publicó en 2018, una noticia documentada sobre la forma como se roban la plata de la salud. Apuntan a historias clínicas, facturas y autorizaciones falsas; cobros por supuestas cirugías, atenciones médicas causadas en accidentes por carros fantasmas. En ciertas regiones han operado como carteles: el de la hemofilia, el de los locos, el de las gafas, el del síndrome de Down y el sida, el de tratamientos odontológicos, etc. En ellos aparecen poderosos políticos, particulares y servidores públicos, algunas EPS e IPS y hospitales y clínicas de las entidades territoriales. Según datos de la Fiscalía hay redes en las EPS que se quedan con la unidad de pago por capacitación, reportando usuarios fallecidos, recobros por servicios que no están en el Plan Obligatorio de Salud, pero que en realidad no se hicieron, o inversión de los recursos públicos en planes que no tienen que ver con este servicio.
La BBC señala que “a diferencia de países como Brasil y Perú, donde el escándalo de corrupción de Odebrecht generó verdaderos “terremotos políticos” entre las cúpulas gobernantes, en Colombia los efectos han sido menores, al menos en lo que se refiere a la renuncia o suspensión de autoridades, juicios y condenas contra los involucrados y reformas políticas” (2019) Todo ello a pesar de que la suma entregada según las autoridades de Estados Unidos es superior a los US$33 millones de dólares. Por el momento y gracias a los acuerdos de la Fiscalía con algunos involucrados están moviendo el ingreso de dineros de la corrupción de la empresa brasilera a las campañas desde 2009 a 2014. Hay por lo menos 28 personas por procesar, investigar y condenar.
Lo más deprimente es que esas grandes bandas de personas y partidos involucrados en actividades ilícitas son descendientes de familias con mucho dinero, que han usado el poder para pisotear los derechos del pueblo, desviando recursos del tesoro público en beneficio personal o de sus empresas. Con razón el Presidente Petro ha insistido en la necesidad de que el nuevo Fiscal General de la Nación acabe con la impunidad.
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