Según el Consejo Nacional Electoral colombiano “los partidos son instituciones permanentes que reflejan el pluralismo político, promueven y encauzan la participación de los ciudadanos y contribuyen a la formación y manifestación de la voluntad popular, con el objeto de acceder al poder, a los cargos de elección popular y de influir en las decisiones políticas y democráticas de la Nación”. (Art. 2º Ley 130/94). Por lo tanto son los primeros llamados a dar ejemplo sobre el respeto a los derechos fundamentales de las personas, a defender la patria y a promover los mejores programas para el desarrollo personal, institucional y empresarial.
Los partidos y movimientos políticos podrán organizarse libremente. Sin embargo, en el desarrollo de su actividad están obligados a cumplir la Constitución y las leyes, a defender y difundir los derechos humanos como fundamento de la convivencia pacífica y a propender al logro y mantenimiento de la paz, en los términos del artículo 95 de la Constitución Política.
En las regiones, los partidos o movimientos políticos gozarán también de libertad y autonomía para su organización y podrán pertenecer al partido o movimiento que a bien tengan nacionalmente. (Art. 6º Ley 130/94).
Infortunadamente en Colombia la radicalización de la derecha y la polarización con apoyo de los medios masivos de información, dan al traste con los instituciones y las leyes. Incluso han dado vocería a la fuerza pública y a los retirados de la fuerza cada vez que quieren pontificar sobre asuntos políticos, cuando a sus integrantes les está prohibido participar en política o intervenir en las controversias de los partidos. El ejemplo patético del General Zapateiro muestra cómo apenas abandona el uniforme empieza a intervenir con su influencia en las libertades políticas de quienes fueron sus subalternos. Una grave enseñanza que tiene pensando a los colombianos, pues si así proceden ahora es porque cuando defendían al pueblo con las armas también estaban afectados por intereses políticos y partidistas en contra de este. De allí sus reacciones violentas frente a la protesta social.
La posición de los partidos de derecha frente a las novedosas reformas del Presidente Petro muestra su odio hacia quienes no profesan sus mismos ideales. Poco les ha importado el caos y el desorden institucional con tal de mostrar su poder. Prueba de ello lo constituyen dos decisiones de su poco respeto por las leyes, como cuando en Medellín el Centro democrático quitó el derecho a voz y voto a la concejala Nataly Vélez por votar los proyectos del Alcalde Quintero. El Consejo Nacional Electoral dijo que ejercieron violencia política contra la servidora pública. Y el otro más aberrante fue amenazar a los Congresistas del Liberalismo si aprobaban las reforma del Presidente Petro. Y el Partido Conservador suspendió a un Congresista por las mismas razones ¿Acaso a esos representantes del pueblo les pagan los partidos y no el tesoro público? ¿No representan ellos al pueblo en primer lugar y después a los partidos? (Art. 133 Constitución).
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