La Constitución de 1991 cambió sustancialmente la justicia en Colombia y creó la Fiscalía General de la Nación como parte de la rama judicial. Lo mínimo que podía esperarse era que terminara la impunidad, causa, principio y fin de nuestras desgracias. Hoy, nadie puede negarlo el 94% de los delitos queda impune. Los que son condenados evaden el cumplimiento de la pena de prisión con artilugios que jamás evidenciaron los delincuentes cuando cometían sus delitos. Los delitos de cuello blanco son recurrentes y los autores, cómplices y auxiliadores se quedan con el dinero manchado, a pesar de las condenas. Saben cómo, cuándo y dónde lo esconden. Sus víctimas lamentan la ingenuidad de haber confiado en las instituciones y en el sistema que jamás los protege. La eliminación del jurado fue un grave error y hoy pagamos la aventura de haber desaparecido una forma centenaria de hacer justicia por otra que se rodea de soberbias y vanidades para exaltar egos e ignorancias.
Lo curioso es que esa misma justicia inoperante ha actuado de manera eficaz para combatir enemigos políticos del régimen. La historia es sencilla: una persona o grupo comete un delito, se inicia la investigación, se guarda en los archivos, pero si esas mismas personas presuntos autores de delitos quieren participar en política se les desempolvan los expedientes y se les lleva a juicio de manera rápida. Salvo que se trate de amigos del poder porque a ellos sí se les pide el archivo de las investigaciones una y varias veces, porque esos fulanos son intocables. Los tiempos de hoy nos tienen frente a personajes que alebrestados por la politiquería presumen de Jefes de Estado, para torpedear cualquier acción ejecutiva, que permita el cambio por el cual votaron 11 millones de electores. Una mayoría clara que como siempre dio poder al primer mandatario pero que, por estas calendas, requiere rodilleras ante un Congreso empoderado por el dinero y que no deja mover las ruedas del progreso a favor de los más necesitados.
Hay dos cambios que necesita Colombia con urgencia. El primero, desmitificar a la fuerza pública y enseñarles que están al servicio del pueblo con la obligación de “proteger a todas las personas residentes en Colombia”. Que como servidores públicos del Estado desempeñan sus deberes funcionales con sujeción a la Constitución, la Ley y los reglamentos que regulan su actividad y el incumplimiento de los mismos genera responsabilidad. El segundo, acabar con la impunidad y devolverle a la justicia la majestad que debe tener, limpiándola de toda contaminación y corruptela, a base de controles estrictos a su labor, evaluaciones de sus conocimientos y vigilancia de los excesos en gastos personales y suntuarios que no significan otra cosa que presunta deshonestidad. La ley estatutaria de la administración de justicia establece: ARTICULO 154.PROHIBICIONES. A los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, según el caso, les está prohibido: 12. Dirigir felicitaciones o censura por sus actos públicos a funcionarios y a corporaciones oficiales. 13. Cualquier participación en procesos políticos electorales, salvo la emisión de su voto en elecciones generales. Nadie entiende entonces por qué el Fiscal General se dirige al Presidente de la República violando estas prohibiciones, que demuestran interferencia política y rechazo a la gestión del mandatario, como Jefe de Estado, de Gobierno y Suprema autoridad administrativa. Bien por la Corte Constitucional que rechazó mediante sentencia que el Congreso ablandara requisitos para ser Fiscal General y permitiera que algún badulaque o incompetente repitiera en tan alto cargo.
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