La revolución industrial puso en evidencia la miseria de los trabajadores y el desconocimiento de su dignidad como parte de la producción de la riqueza en el mundo. Ha sido una batalla social y económica de más de un siglo, que para Colombia se consolidó en 1991 cuando el Constituyente incorporó a la Carta Política el artículo 53 que ordena al Congreso expedir el Estatuto del trabajo. Ese mandato no se ha cumplido, por la avaricia de los sectores más poderosos que prefieren acumular su riqueza y derrocharla en lujos que en participar en las políticas públicas para que los trabajadores mejoren sus condiciones de vida. Hoy tenemos una informalidad laboral del 63% de la población en edad de aportar su fuerza de trabajo. La derecha y sus medios de comunicación tomaron como una gran victoria suya la derrota del proyecto de reforma laboral, es decir de todos los trabajadores del pais, un mínimo de garantías que quiere recuperar el Presidente Gustavo Petro para dar pleno empleo a quienes están desocupados por la situación de crisis nacional e internacional . El Presidente calificó el hecho de grave y culpó a los empresarios y dueños del capital de influir en los congresistas para que abandonaran el recinto y dejarán sin los votos necesarios un proyecto de tanta trascendencia.
Fueron aprobados otros proyectos claves de la agenda del Gobierno de Gustavo Petro como son los actos legislativos que crean la jurisdicción agraria y rural; el que establece al campesinado como sujeto de especial protección; y el que modifica el segundo período de la legislatura, de tal forma que el Congreso vuelve a sesiones el 16 de febrero y no el 16 de marzo de cada año. Fueron aprobados como leyes el proyecto de Matricula Cero que beneficia a los estratos más pobres, la prohibición de animales en protestas, la política pública de salud mental, la erradicación y sanción de la violencia política en contra de las mujeres. Hicieron tránsito a plenaria de Cámara la reforma a la salud y a plenaria de Senado la reforma pensional. Además se convirtieron en leyes el Presupuesto General de la Nación y el Plan Nacional de Desarrollo dos instrumentos de gran importancia para apoyar a los más pobres. En este último se crean 6 fondos para darle celeridad a la contratación del Estado, regulando tales procedimientos por reglas de derecho privado, un gran avance en estas materias. La derecha, pues, sale perdiendo por goleada y no como ellos pretenden hacerle creer a la ciudadanía que todo está paralizado y que el pais va por mal camino. Si alguna vez hubo reglas para acelerar la contratación pública es en este gobierno en el que las relaciones entre servidores y contratistas serán rápidas y transparentes, con apoyo del artículo 209 de la Constitución y con la fuerza de la economía popular.
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