Desde la creación de la República los grupos privilegiados que cogieron el mando y quienes lo heredaron, jamás han permitido que las personas humildes lleguen al poder, salvo el caso de Marco Fidel Suarez, hijo de una lavandera y que tumbaron de la Presidencia de la República por un supuesto crédito que le hicieron, pero que en realidad era una venta anticipada de sus salarios. Este pais lo construyeron los campesinos y los desarraigados, a veces victimas de explotación. Caminos y carreteras se fueron abriendo por donde “transitaban las mulas” que a grito herido y con amenaza de rejo avanzaban con sus cargas de personas, alimentos y materiales. Pero la civilización trajo consigo la maquinaria y con ella la aceleración de la construcción de ciudades y vías.
Con el nacimiento de las Juntas de Acción Comunal (JAC) se crearon organizaciones sociales que pusieron placa-huellas en los caminos polvorientos, y aún hoy lo hacen, para movilizar los jeeps que quedaban atascados en las trochas. Después pavimentaron grandes tramos y unieron municipios pequeños, hasta cuando empezaron las vías primarias, las de doble calzada y las autopistas (que no tenemos en Colombia) pues así se llaman si se construyen dos o más carriles, hay zonas de acceso y salida, intersecciones a desnivel y control adecuado de velocidades. Pero hoy se desató un gran escándalo porque en el plan nacional de desarrollo aprobado se permite que organizaciones solidarias, personas naturales y asociaciones público-populares puedan hacer eso mismo que hacen las empresas amparadas por el monopolio de algunos gremios que han adecuado la ley a sus intereses. Según la CCI habrá “corrupción y obras fallidas”.
Para no citar sino el caso Odebrecht que, es el más notable de los últimos años, podemos decir que antes de eso el pais estaba lleno de denuncias por corrupción con las obras públicas y que en manos de “respetadas empresas” se han perdido billonarios recursos por obras inconclusas, carreteras sin pavimento y puentes donde no hay ríos. “361 entidades del orden nacional y territorial han registrado más de 1.061 obras por $6,7 billones de pesos, de las cuales 635 están sin uso y 426 son obras inconclusas”, indicó el Contralor General de la República en 2021. Y señaló además que “el sector que más obras civiles inconclusas tiene es infraestructura vial, seguido por proyectos de vivienda e instalaciones deportivas. A su vez, los sectores que más obras sin uso tienen son acueductos y alcantarillados.”
En los artículos aprobados (79, 98, 99, 277, 351 y 366 del proyecto) el Congreso reivindica el poder de las comunicades rurales y urbanas para construir sus propias obras, que las ejecutan con amor y en interés de los asociados. Si llega a presentarse corrupción que investiguen y sancionen, pero que no satanicen la solidaridad de estas organizaciones, en defensa de intereses gremiales cuando ellos son los que han dado mal ejemplo al pais. Y hablemos claro, los que se quedan con las comisiones de los contratos públicos son los políticos y los grandes contratistas, no los dirigentes comunales o solidarios. Y es bueno que en la CCI se lean los siguientes artículos de la Constitución de 1991: 13 inciso 2º, 54,57, 64,65,66, llamados a terminar las desigualdades en Colombia y que no se han cumplido por los poderosos de este pais, porque tampoco les han importado los pobres.
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