La derecha colombiana es intransigente y contradictoria. Proclama el deber del Presidente de respetar la democracia, la Constitución y las leyes, mientras ellos nada de eso acatan, porque siempre han tenido la Constitución como un simple papel, que sirve como adorno para celebrar las fiestas patrias. Véase sino lo que pasa con la acción de tutela, máximo procedimiento, preferente y sumario, según el texto del artículo 86 de la Carta. Estos fallos que son de inmediato cumplimiento, nadie quiso aceptarlos en sus gobiernos y hoy como opositores se dedican a demandar e interponer recursos y todo tipo de tácticas astutas, para dilatar y no cumplir. Entonces, si no queremos aceptar algo, arrasemos con el principio de presunción de legalidad de los actos administrativos y la validez de las sentencias y dejemos a los colombianos libres de cumplir o no cumplir los mandatos legales y constitucionales.
Ahora la derecha ha puesto como punta de lanza contra el gobierno legítimamente elegido a las reservas de la fuerza pública, encabezadas por el General ® Eduardo Zapateiro y el Coronel ® John Marulanda. Han endiosado tanto a la fuerza pública que ahora no se pueden contradecir las doctrinas contra los derechos humanos, ni la decisiones estatales que modifican sus prebendas y privilegios. Si todos somos iguales, todos debemos cumplir la Constitución y respetar los derechos de los demás. Así se hace en cualquier democracia. El artículo 95 de ese ordenamiento superior dice: “ Toda persona está obligada a cumplir la Constitución y las leyes. Son deberes de las personas y del ciudadano: 3.-Respetar y apoyar a las autoridades democráticas legítimamente elegidas para mantener la independencia y la integridad nacionales…6º Propender al logro y mantenimiento de la paz…” Pero la derecha ha querido convertir a Colombia en un circo, donde solamente sus logros a lo largo de 220 años deben mantenerse y el pueblo mayoritariamente no puede cambiar nada, sin su consentimiento y autorización. Porque para eso tienen las mayorías en el Congreso para sabotear cualquier gobierno.
Terrible equivocación, pues las normas constitucionales y legales son claras: Ley 403 de 1997. “Artículo 1. El voto es un derecho y un deber ciudadano. La participación mediante el voto en la vida política, cívica y comunitaria se considera una actitud positiva de apoyo a las instituciones democráticas, y como tal será reconocida, facilitada y estimulada por las autoridades.” Ahora bien, ¿en qué norma dice que quien pierde unas elecciones puede entorpecer el funcionamiento de la administración y “defenestrar al elegido”? Recordemos que la Constitución es un texto orgánico, todas sus normas tienen el mismo valor y la guardiana de la misma es la Corte Constitucional. Pero estamos viviendo un debate público angustioso, porque la derecha no deja gobernar y apoyada en todos los privilegios pasados bombardea desde sus medios personas, acciones y propuestas, llenas a veces de odio, discriminación y hostigamiento social y racial. Lo sensato sería que todos trabajemos por el logro, en primer lugar, de los objetivos constitucionales y, en segundo lugar, por el respeto de los derechos y el ejercicio de las acciones para acabar con la desigualdad de oportunidades económicas que se reflejan en el hambre y la informalidad laboral que campea por todo el territorio colombiano, especialmente en las regiones de la periferia. Colombia necesita una oposición inteligente, no la que tenemos despiadada y grosera.
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