La derecha paralizante quiere hacer ver unos cambios ministeriales como la gran crisis del gobierno del Presidente Gustavo Petro. Olvidan que “nombrar y separar libremente a los Ministros del despacho y a los directores de departamentos administrativos” es una función exclusiva del primer mandatario y que nadie, ni los jefes de los partidos ni las presiones de los congresistas, pueden quitarle esa competencia. Estos meses han demostrado que todas las amenazas de la derecha extrema no se dieron en el pais, sobre el caos y la parálisis reinante que sobrevendría a un gobierno de izquierda en Colombia. Por el contrario, el miedo de la derecha que ha buscado por todos los medios obstruir el progreso de Colombia es prueba evidente de los cambios que se están dando, unos por medio de los decretos y ordenes normales de la administración, otros, mediante propuestas de acto legislativo y ley, que tienen aterrados a los defensores de los privilegios y del poder. El fracaso del gobierno traerá como consecuencia el de la economía y, por ende, llevará a que el pueblo se muestre fogoso en las calles protestando contra quienes no quieren que el cambio sea una realidad.
La derecha ha sido testigo de los cambios en la fuerza pública, en la doctrina militar y en la participación de las mujeres y afrodescendientes en el manejo del poder. Ha visto que se entregan miles de hectáreas de tierra quitadas a los narcotraficantes; que se ha modificado el concepto de economía popular, para fijarla como una política pública en beneficio de los más humildes; que se han anunciado contrataciones de obras publicas por parte de las juntas comunales que podrán construir sus propias carreteras terciarias hoy monopolizadas por contratistas y politiqueros. Los temas laborales avanzan y disgustan a los empresarios que se dedicaban a enviar las utilidades para el exterior y no para crear nuevos empleos en Colombia y mejorar los salarios de los trabajadores.
La nueva etapa que iniciará con el noveno mes del gobierno será más concreta en ejecuciones, pues los servidores públicos que fueron ratificados y los que llegaron tienen la camiseta del pacto histórico y de quienes deseen apoyar el programa que triunfó en las urnas. Jugar a la guerra y al caos político va a traer consecuencias electorales para los partidos que se quedaron sin poder, porque abandonaron al pueblo para seguir conservando el capital de los de arriba, sin mirar las necesidades del 80% de los colombianos que no tienen recursos para comer tres veces al día, ni capacidad para aportar a salud, pensiones o para dar educación a sus hijos. Es hora del Estado social de derecho, bajo cuyo amparo Colombia será muy diferente.
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