El Estado tiene como obligación “fortalecer las organizaciones solidarias y estimular el desarrollo empresarial” (Art. 333 inciso 2º Constitución) Por otra parte “evitará y controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional”. (Art. 333 ídem). A través de las leyes existentes pueden asumirse esas funciones y mover la economía hacia criterios amplios de solidaridad, donde los más humildes puedan prosperar. Nuestras leyes están construidas para hacer más poderosos a los ricos de Colombia.
La economía popular no es otra cosa que capacitar a los que desarrollan su actividad a través de procedimientos informales, sin reglas técnicas y sin planes estratégicos. Tales personas viven del “día a día” y sus ingresos no les alcanzan para desarrollarse dignamente y ahorrar. Son padres o madres de familia limitados por las circunstancias de su nacimiento o raza, la mayoría crecieron en la pobreza y allí se mantienen. Por eso la acción del Estado debe ser fuerte y continua contra toda barrera que impida su crecimiento económico. Uno de esos muros es la contratación pública. En ese mecanismo de reparto de dineros públicos solo ingresan las grandes empresas. Los requisitos son tan exigentes que únicamente los ricos pueden hacer propuestas.
La contratación no es trasparente y las pequeñas y medianas empresas ven cerradas todas las puertas por la corrupción. Grandes sumas se reparten por contratistas a organizaciones delictivas, partidos y servidores públicos según datos de los organismos de control y de la Fiscalía. La contratación con organizaciones sociales y con pymes a través de vinculaciones directas aumentará el sector empresarial colombiano, crecerá la tributación y los pobres ascenderán en la escala social.
Gracias a los movimientos alternativos hoy se presenta una apertura para buscar mediante decisiones afirmativas la protección contractual de juntas comunales, comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras, así como pequeñas y medianas empresas. Todos los colombianos esperamos que este gobierno del Pacto Histórico desarrolle políticas para garantizar la igualdad de oportunidades y bloquear todo intento de monopolizar con las grandes empresas el dinero público a través de la contratación del Estado.
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