El Senador Inti Asprilla expresó que es hora del control de precios frente a una inflación desbordada y el alto costo de los alimentos y los medicamentos que requieren los enfermos para tratar sus sufrimientos con drogas que el mercado hace imposible adquirir. Obvio, desde la derecha le sobraron críticas y lo llenaron de insultos, pero faltó explicarles a los defensores del brutal capitalismo que nos está ordenando la vida hacia una riqueza excesiva y una pobreza extrema, que nuestra Constitución cambió en 1991 y que en el Título XII sobre el Régimen Económico y la Hacienda Pública hay varios artículos que “les callan la boca a los capitalistas a ultranza”, pues no vivimos en un pais super rico, sino en otro rodeado de pobreza, con regiones en niveles de indigencia, otras desamparadas, y las demás con una existencia humilde. Pero eso sí, el 5% o 7% de la población de los estratos 5 y 6, no tienen esas preocupaciones e ignoran lo que es el hambre, la falta de salud o estudio, porque disfrutan de ingresos que acumulan con sus empresas o negocios bien establecidos, manejando altos precios por el valor de sus productos.
Empecemos por esa determinante expresión del inciso 2º del artículo 333 de la Carta de 1991: “La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades”. La derecha no ve la parte final “supone responsabilidades.” Tampoco les preocupa que la Constitución diga que “la Empresa como base del desarrollo, tiene una función social que implica obligaciones”. Lo de las obligaciones tiene sin cuidado a la derecha excluyente. Y para esa derecha extrema que nos gobernó durante 220 años sin control alguno el inciso 4º de ese mismo artículo 333 considera letra muerta la parte que dice que el Estado “ evitará o controlará cualquier abuso que personas o empresas hagan de su posición dominante en el mercado nacional.”
Luego el artículo 334 expresa que “la dirección general de la economía estará a cargo del Estado”. No aparece ninguna señal que indique que la economía la dirige el sector privado, ni los 4000 ricos de Colombia. Por eso el Estado tiene que intervenir en los servicios públicos y privados, el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la distribución equitativa de las oportunidades y los beneficios del desarrollo. Esto no es comunismo constitucionalizado es “Estado social de derecho”. Según la Corte Constitucional el Estado social tiene como objeto “que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales.” (SU 747/98). Valdría la pena que la derecha radical de Colombia leyera bien la Constitución vigente y respetara los cambios que quieren introducirse en algunas leyes por parte del Gobierno del presidente Gustavo Petro, que no son otra cosa que el cumplimiento material del texto superior de nuestra patria. Por eso liberales y conservadores hoy partidos de gobierno están muy lejos de los ideales de Gaitán, por una parte, y de la Doctrina social de la iglesia, por la otra, como se consagró en el programa de Caro y Ospina.
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