TUMBARON A BARRETO

El artículo 122 de la Constitución política expresa en su inciso 2º que “ningún servidor público entrarà a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben”. Pero al parecer en el anterior gobierno pasaron por encima del texto fundamental y se administró el pais violando toda la normatividad que encontraban a su paso. Pero la derecha nada dijo sobre el tema como lo hacen hoy contra el nuevo gobierno al que tachan por lo que hace y por lo que no hace, todo porque no obedece las órdenes del grupo oligárquico que comandó el pais durante más de 200 años. Ellos y sus descendientes tenían como el mayor texto jurídico el que declara a las armas como su mejor instrumento para controlar a los rebeldes y a quienes se opusieran a sus deseos. La Sentencia proferida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el exterminio de la UP, por parte de fuerzas irregulares y agentes del Estado, es el más claro ejemplo de la villanía con que se administrò a Colombia.

Pero hay muchos otros ejemplos paradigmáticos a los largo de los 4 años del gobierno de Duque. La caída de las modificaciones a la ley de garantías en cuya vigencia temporal se suscribieron 645.495 contratos por más de $52,3 billones en los 32 departamentos del país y Bogotá. La Corte Constitucional ordenó que los contratos no ejecutados devolvieran los recursos, pero no hay información sobre si la Procuraduría y la Contraloría hicieron cumplir  la orden judicial con tanto empeño como se oponen al Presidente Petro. En medio del descache jurídico Duque violó la ley de cuotas irrespetando a las mujeres, por lo cual le anularon los nombramientos de Diego Molano Ministro de Defensa, Daniel Palacios Ministro del Interior, Víctor Muñoz Director del DAPRE y de Alberto Carrasquilla en la Junta del Banco de la República. Ya anularon el nombramiento de Andrés Barreto como experto comisionado de la CREG y están pendientes los de otros dos comisionados que no cumplen los requisitos técnicos para el cargo.

La Corte Constitucional fue la gran veedora de los intereses nacionales y le tumbó a Duque la cadena  perpetua, amplió la eutanasia y el aborto y declaró crisis de seguridad de los integrantes ex-Farc. También declaró la Corte que Duque incumplió la reconstrucción de San Andrés donde se entregaron casas incompletas, sin cisternas y sin protección para sus habitantes. Además dijo que “este proceso no ha terminado y estuvo marcado por un enfoque ágil, unilateral, arbitrario y efectista en el que se desconocieron las necesidades básicas del pueblo raizal y no se garantizaron plenamente sus derechos fundamentales”.

En la pandemia donde Duque se gastò $40.57 billones, la Corte declaró inexequibles siete normas y condicionó 26 más e hizo ajustes parciales a otras tantas. Entre las que se cayeron están decretos que disponían la suspensión de términos en trámites de extradición durante la emergencia, las funciones jurisdiccionales dadas a los procuradores de familia para conocer los procesos de adopción y un cambio de reglas en materia de cotizaciones en pensiones. Fuera de lo anterior en septiembre de 2020, la Corte Suprema de Justicia ordenó al Gobierno garantizar el derecho a la protesta. El tribunal condenó los abusos de la fuerza pública contra los manifestantes e instó al Gobierno a pedir perdón por la violenta represión a las movilizaciones de 2019. Si se ejerciera la acción de repetición contra Duque por los daños patrimoniales no tendría toda una vida para pagarnos a los colombianos los daños que nos causó.

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