En el mundo moderno hay una confrontación entre el liberalismo económico y la solidaridad social, ideologías que no deberían oponerse sino complementarse, para alcanzar niveles de desarrolló óptimos, es decir, sumamente buenos. La necesidad de una economía en crecimiento obedece a las necesidades que se van creando en la sociedad por el aumento de la población. “El liberalismo económico es una doctrina que señala que la mejor forma de alcanzar el desarrollo económico y la eficiencia en la asignación de los recursos es a través de un mercado libre sin la intervención del Estado (regulaciones, impuestos, intromisiones directas directas etc.)” (Ver Economipedia.com). Colombia es un Estado social de derecho y la Corte Constitucional ha fijado unos parámetros en la Sentencia SU-747/98 asì: “Con el término social se señala que la acción del Estado debe dirigirse a garantizarle a los asociados condiciones de vida dignas. Es decir, con este concepto se resalta que la voluntad del Constituyente en torno al Estado no se reduce a exigir de éste que no interfiera o recorte las libertades de las personas, sino que también exige que el mismo se ponga en movimiento para contrarrestar las desigualdades sociales existentes y para ofrecerle a todos las oportunidades necesarias para desarrollar sus aptitudes y para superar los apremios materiales”.
Por las anteriores razones los poderosos de este país viven en el territorio equivocado, porque quieren tener al Estado y al Gobierno bajo su control, cuando el mandato normativo indica que todas la estructura institucional está al servicio de los más necesitados y debe velar por su crecimiento social y económico. No quiere decir que en una República de tal naturaleza no haya competencia, pero sí que la misma debe estar supeditada al libre desarrollo de la personalidad y al respeto por los derechos fundamentales. De allí que el artículo 333 en el inciso 2º predique “La libre competencia económica es un derecho de todos que supone responsabilidades” y en el inciso tercero de la misma disposición manda que ”la empresa como base del desarrollo, tiene una función social”.
Pero durante 30 años el pais creció bajo la enseña de un liberalismo económico desbordado creando instituciones para el gran capital, sin tener en cuenta a los más pobres. Todas las regulaciones favorecían al empresariado y no a los trabajadores. Ningún gobierno interpretó la constitución de la manera correcta y la Corte Constitucional, a pesar de su constante trabajo jurisprudencial señalando la forma como el gobierno debería entender su misión, no tuvo éxito porque no tiene a la fuerza pública bajo su mando.
En este gobierno debe bajarse la interpretación constitucional a los niveles más pobres de la población y hacer realidad el mandato del artículo 4º: “La Constitución es norma de normas. En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma jurídica, se aplicaran las disposiciones constitucionales.” Por eso no se equivoquen los ricos del pais: el Presidente Gustavo Petro está aplicando la Constitución y el desarrollo jurisprudencial que hemos alcanzado, y no ejerciendo como “déspota o tirano”, como la derecha a ultranza quiere estigmatizarlo. Por favor, más estudio sobre los temas tratados por la Corte Constitucional en estas más de tres décadas de control constitucional dinámico y modernizante.
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