RICOS Y POBRES

El DANE confirmó lo que todos sabíamos y es que la informalidad laboral en Colombia a Noviembre de 2022 era de 58.2%. Esto quiere decir que el pueblo sufrió las consecuencias de la acumulación de capital de los más poderosos que crean empleos temporales solamente en las épocas de “vacas gordas” que es cuando sus bolsillos se llenan de dinero, para luego llevárselo al exterior y viajar y hacer fiestas y disfrutar de sus yates y de sus casas en condominios de estrato diamante. De igual manera, según Oxfam  “de la riqueza que se crea en el país, 45% queda en las manos del 1% más rico y 42,6% va para el otro 9% de ese primer decil”. Ciudades de la Costa como Valledupar, Riohacha y Sincelejo pasan del 60% de informalidad laboral. Otra nota curiosa de Oxfam es que afirma que “los 4 colombianos más ricos poseen más riqueza que 25.5 millones de colombianos”. Es decir cuatro personas tienen más que la mitad de la población del pais.

Por las anteriores poderosas razones los ricos no pueden quejarse cuando les suben los impuestos pues ese mecanismo ayuda a la redistribución de la riqueza. Pero lo que quieren los más poderosos no es repartir la riqueza creando empresas y empleos, sino derrochar el dinero en satisfacer su soberbia y la vanidad de sus familias. Por qué no pensarán mejor, y antes que atender a ese gasto excesivo y suntuario de carácter personal, en aliarse con el Estado y su gobierno para generar riqueza verdadera de aquella que atiende las necesidades urgentes de la población y hace crecer de manera estable la economía, con empleo que asegure de manera progresiva que todas las personas,  en particular las de menores ingresos, tengan acceso efectivo al conjunto de los bienes y servicios básicos, como está escrito en la Constitución de 1991 en su artículo 334.

El deseo, entonces, del gobierno del Presidente Gustavo Petro de impulsar la construcción y mantenimiento de las carreteras terciarias, dejando de lado por el momento algunos proyectos de vías nacionales sin apoyo económico, como reclaman los grandes contratistas del Estado, fue apoyado por la Corte Constitucional cuando dijo: “a juicio de la Sala, la comprensión de la financiación de carreteras y vías de la Red Vial Terciaria en la especie inversión social, del género gasto público social, no es manifiestamente irrazonable, por tres razones: (i) porque promueve la prosperidad general, finalidad esencial del Estado Social de Derecho, de acuerdo con el artículo 2 de la Constitución política, (ii) debido a que contribuye al mejoramiento de la calidad de vida de la población, la distribución equitativa de las oportunidades, la superación de la pobreza y la participación en los beneficios del desarrollo; y (iii) porque contribuye a lograr la integración regional y el acceso a los servicios sociales y los mercados, en los términos del punto 1.3.1. del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera (en adelante, el Acuerdo de Paz).”(C-057/2021).

En esta hora del cambio es importante que no solamente los habitantes de las grandes ciudades tengamos inversiones en pavimento sino, también, los campesinos y los habitantes de zonas rurales que necesitan de manera urgente que el progreso se desplace hasta esas regiones, con más salud, educación y medios que garanticen el crecimiento económico y social de sus habitantes. Por eso será por lo que dicen que “los ricos también lloran cuando les quitan el ingreso de los peajes”.

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