“Tengo miedo con lo que pase ahora, los impuestos han aumentado mucho, creo que se van a reducir algunos consumos, me preocupa mucho la inflación y la combinación de más impuestos y el crecimiento de las tasas de intereses, esto puede llevar a que siga la inflación con parálisis de la economía. Colombia necesita un estímulo a la economía”, expresó Uribe. (Revista Semana 31/12/2022). Pero el expresidente no se refirió a las estadísticas que dejó el gobierno Duque su pupilo y Presidente gracias a sus votos y su maquinaria electoral. Entre pobres y vulnerables se cuenta el 70.3% de la población, es decir, 35.1 millones de personas; el desempleo promedio anual quedó en 14%; inflación superior a 10%; la informalidad laboral registró 47% en las cifras oficiales, pero la realidad es que en Colombia el dato no baja del 60%; la pobreza e inequidad, entonces, son consecuencia de una inversión orientada hacia los sectores intensivos en capital por las rentabilidades relativas vigentes.
Pero nada dijo el exmandatario de temas internacionales como el impacto en el de la guerra Rusia-Ucrania, la expansión de la inflación que impulsará a la recesión global y aumentará la tensión financiera y el descontento social y político. Por otra parte, hay factores como la crisis energética y la disminución de la oferta de agua para consumo humano que hoy se constituyen en causas de miedo económico y de supervivencia para las futura generaciones. Antes que sentir miedo la bancada uribista y de oposición deberían contribuir a solucionar los problemas que ellos mismos causaron durante dos centurias con el manejo errático de todas las políticas que hubieran impulsado el crecimiento y la terminación de la desigualdad en el pais. El pais que recibió el Presidente Petro no es el dechado de las virtudes que los partidos que estuvieron en el poder dicen haber construido, sino un nido de demandas contra el Estado, de obras sin terminar, de casos de corrupción sin investigar y de malos manejos en temas laborales (1 millón de contratistas) que hoy saltan como la liebre en campo abierto.
El plan de desarrollo es la oportunidad que tienen los Congresistas y el gobierno para reorientar la inversión nacional hacia sectores pobres y vulnerables para bajarle presión a las insatisfacciones del sector rural, de las mujeres y de las etnias marginadas, de los afrodescendientes abandonados a su suerte en la periferia de las costas colombianas. Si bien, la Constitución no define qué tipo de egresos integran el “gasto público social”, es razonable concluir que es aquel que desarrolla o permite realizar los fines sociales del Estado, esto es, la cláusula “social” del modelo de Estado Social de Derecho (artículo 1 de la Constitución) y que se concreta, conforme a los artículos 366 y 334, en la consecución del bienestar general, el mejoramiento de la calidad de vida de la población, la distribución equitativa de las oportunidades, la participación en los beneficios del desarrollo y el disfrute de un ambiente sano. De conformidad con el artículo 41 del Estatuto Orgánico de Presupuesto, “se entiende por gasto público social aquel cuyo objetivo es la solución de las necesidades básicas insatisfechas de salud, educación, saneamiento ambiental, agua potable, vivienda, y las tendientes al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población, programados tanto en funcionamiento como en inversión”. Esperemos confiados que le Congreso cumpla con el reparto de los recursos en beneficio de toda la sociedad y no de intereses particulares o personales como en muchas ocasiones ha ocurrido.
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