Es un gran esfuerzo económico el que hace el gobierno nacional no subiendo los precios de los peajes que maneja el Invias. Tales tramos ya fueron pagados por los colombianos y regresaron como un activo de las concesiones entregadas a particulares por el Estado. Lo primero que debe hacer el actual gobierno es explicarle a los colombianos cómo encontró las carreteras nacionales, secundarias y terciarias, que se construyeron por anteriores gobiernos, a qué se le hizo mantenimiento y cuál es el proyecto del Presidente Petro para los próximos años. El diario el Tiempo cuenta en sus páginas (1999) que los peajes nacen en Inglaterra con la revolución industrial cuando le entregaron a particulares la posibilidad de mejorar la vías y cobrar peajes e instalar portazgos, pero que también provocaron después la ira de los ciudadanos por las demoras y los altos costos. En Colombia se crearon en 1960 y somos el peor ejemplo de manejo de esos dineros, pues los instalan en una vía concesionada y cuando le devuelven al Estado la vía el costo de peajes no rebaja, sino que siguen cobrando para hacerle mantenimiento. Pero a alguien se le ocurrió que esa mina de otro no podía desaparecer y hoy cobran peajes en unas vías ya terminadas a precios elevadísimos dizque para construir otras o hacer mantenimiento en regiones más pobres. La misma historia del 4×1000.
Con la Ley 105 de 1993 se dictaron disposiciones sobre transporte, y se regularon tasas, tarifas y peajes en la infraestructura de movilidad a cargo de la Nación. Uno de los principios del transporte es el de la Participación Ciudadana que se resume así: “todas las personas en forma directa, o a través de las organizaciones sociales, podrán colaborar con las autoridades en el control y vigilancia de los servicios de transporte. Las autoridades prestarán especial atención a las quejas y sugerencias que se formulen y deberán darles el trámite debido.” En este gobierno debería darse un impulso especial al cumplimiento de este derecho legal y constitucional en materia de transporte. Especialmente para construir vías, otorgar concesiones y fijar peajes. Además acabar con el monopolio que tienen ciertas familias a quienes los gobiernos anteriores llenaron de dinero sacado del bolsillo de los propietarios de vehículos a punta de peajes. Un abuso, por ejemplo, es el peaje La Tebaida, que señala el acceso occidente oriente a Bogotá por la calle 80. Por 1.8 KM se pagan $14.000. Debería hacerse el mismo procedimiento que en Mondoñedo donde solamente se paga el peaje si se va por la vía a la Mesa, (en este caso a la Caro), pero no si se toma la vía de Soacha. ¿Cuánto se ha embolsillado esta concesión a costa del dinero de los conductores bogotanos?
También es importante que el Gobierno cambie a todos los interventores y ordene estudios sobre el equilibrio financiero de los contratos de concesión para saber si la Nación está perdiendo dinero y los contratistas están ganando demasiado con perjuicio para los ciudadanos. Los interventores permiten que se escondan los recursos de los peajes, o que se desvíen mediante contratos ficticios para campañas políticas, como ha ocurrido en las vías de la Ruta del sol, tan criticadas en las vacaciones de diciembre-enero por sus cráteres dañinos. Un nuevo gobierno siempre genera buenas expectativas de cambio para que a los ciudadanos los alivien de las cargas que los poderosos les han impuesto con la ayuda de gobiernos capitalistas. Debemos hacer más mantenimiento y menos construcción de vías para invertir recursos en salud, educación, protección al medio ambiente y lograr el pleno empleo.
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