Hoy vemos ataques de las orillas extremistas de la derecha y de la oposición, que no quieren que el pais recobre la plena vigencia de sus instituciones. La paz, hay que repetirlo, es uno de los pilares de cualquier democracia. Hasta en la época más aciaga de la humanidad hubo una “pax romana”, y los historiadores afirman que duró más de 200 años, lo que permitió consolidar el desarrollo económico de todos los pueblos de la antigüedad. En Colombia las únicas etapas de tranquilidad que conocemos son aquellas en que por diferentes causas se proponen “tiempos de negociación” para acabar la guerra. Pero culminadas las conversaciones o logrado un efímero acuerdo, volvemos al terror y a la muerte.
Historiadores como Vásquez Carrizosa (1986) y Alonso Espinel (2014) mencionan que posiblemente en Colombia se han presentado entre Revoluciones, guerras civiles y desórdenes internos, más de 60 eventos graves y hubo “54 movimientos armados que tenían por finalidad derrocar al gobierno nacional o local”. Somos un pais violento y adicto a la confrontación que solamente se satisface cuando la fuerza pública amenaza con someter a control militar la sociedad, bien en condiciones de anormalidad por causa de desórdenes públicos o en tiempos de relativa calma. Hoy tenemos amenazas del ELN, de grupos armados ilegales, pero especialmente de quienes desde la política incitan al desorden institucional porque perdieron todo el poder en las elecciones del 2022.
Grave, por ejemplo es, que tanto la Fiscalía como la Procuraduría, están en una actitud de enfrentamiento contra el gobierno del Presidente Petro, atajando la posibilidad de que grupos criminales por fuera de la ley y otros actores violentos contra la sociedad se reintegren socialmente, desconociendo el artículo 113 de la Carta de 1991 que ordena que los diferentes órganos cumplan funciones separadas pero que colaboren armónicamente para la realización de los fines del Estado. Y uno de ellos el primordial es la paz entre los colombianos, como un derecho deber de obligatorio cumplimiento (Art. 22). Ahora el Fiscal General amenaza de manera pública a las fuerza militares diciendo que las órdenes presidenciales de abstenerse de atacar a grupos que estén en conversaciones (Art. 189 numerales 3º,4º y 5º) puede investigarse como omisión al cumplimiento de los deberes constitucionales. Es decir, obstaculizando la paz total, como hace la oposición del partido político que lo llevó a ese alto cargo de la justicia.
Por eso la Corte Constitucional ha expresado: “El derecho a la vida comporta la dimensión integral del hombre como ser digno; en consecuencia la vida digna exige un mínimo de bienes internos, y dicho en otros términos, toda persona tiene derecho a vivir en condiciones de paz y tranquilidad. La paz como derecho supone la relación social, se manifiesta como la convivencia ordenada entre los ciudadanos”. (T-226/95). Los colombianos votamos por un programa que triunfó en las elecciones del 2022. Exijamos que todas las autoridades se enfoquen en conseguir la paz a cualquier costo, porque eliminar la violencia prevalece frente a la formas del derecho penal de la venganza criminal. Confucio decía: “antes de iniciar el camino de la venganza cava dos tumbas”. La venganza solo provocará dos cosas: la muerte de quien nos vamos a vengar y nuestra propia muerte.
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