Los contratos de prestación de servicios se convirtieron en una “olla podrida” a causa de que los políticos cogieron el presupuesto público y mediante esa modalidad organizaron financieramente a sus pupilos para hacer política partidista. Es decir, una violación flagrante y directa de la ley que ni los organismos de control ni la Fiscalía, se atreven a tocar, porque de esa torta depende la democracia colombiana y sus altísimos cargos. Con el cambio de gobierno nos dimos cuenta de que hay más de un millón de contratistas y que eso sí “son indispensables para la prestación de un buen servicio público”, según sus defensores.
Los medios de comunicación que apoyan los partidos de derecha, son voceros oficiosos de tales escándalos, porque les conviene que esos personajes y personajillos se mantengan en el poder para seguir disfrutando de las monumentales participaciones burocráticas de sus amigos y de los aportes publicitarios que les representa tener en las entidades personas que les estén contando cuánto presupuesto hay para publicidad oficial y cuándo saldrán las invitaciones para proponer las campañas necesarias para que el gobierno mantenga su buena imagen.
Lo que no cuentan es que dichos contratos de servicios no tienen objeto definido porque los funcionarios encargados de asignarlos se inventan los estudios correspondientes, a veces los copian con el mismo objetivo y nunca aparecen los resultados por ninguna parte. Si por lo menos rindieran un informe de sus importantes hallazgos o actividades cumplidas, eso justificaría el gasto. Pero por otro lado si se trata de apoyo a la gestión pública deberían crear los cargos, proveerlos por concurso de méritos y vincular todo ese personal a la carrera administrativa. Pero hay casos en que participan en los concursos y no pasan los exámenes como ocurre en algunas entidades donde los contratistas dicen que los están persiguiendo, cuando la verdad es que no fueron competentes para superar la etapa de evaluación de conocimientos. Casos conocimos en anteriores gobiernos donde una sola persona tenia más de cinco contratos y hasta más de 20 por claras influencias politiqueras.
Es hora de sanear tanta corrupción permitiendo que las personas competentes lleguen a los cargos del Estado por sus méritos y no por las palancas. Que se convoquen todos los concursos atrasados y que se defina de manera inmediata la estabilidad de tales servidores. No se pueden seguir defendiendo los contratos de prestación de servicios para fin diferente que ejecutar un trabajo específico y temporal. Finalizada la labor contratada la persona tiene que retirarse de la dependencia respectiva. La continuidad lo que hace es generarle al Estado demandas laborales por violación de las fuentes formales de derecho y desconocimiento de la realidad sobre las formalidades exigidas en la relación laboral. Los colombianos exigen un Estado más técnico y respeto por la dignidad del trabajador y sus competencias laborales.
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