Parece que una de las “papas calientes” en Colombia para la justicia son los “congresistas, empresarios, fiscales y expresidentes”, quienes a pesar de las denuncias contra ellos demuestran poseer fuero especial e inmunidad por la camarilla de amigos e intereses que tales personajes se encargan de defender en cada gobierno. La gente del común, la que se somete a todas la reglas de juego de la sociedad siempre será aplastada por esa monstruosa maquinaria que constituyen los intereses creados y que no dejan avanzar en derechos humanos, igualdad y juzgamiento de los autores, cómplices y auxiliadores de “cuello blanco”.
Nuestra justicia es paquidérmica y, además, con el argumento de su independencia, capacidad de decidir con principios de persuasión racional y valoración autónoma de las pruebas, pisotean todos los derechos que posteriormente mediante otros mecanismos se reconoce que fueron violados por los jueces de instancia. La Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha esforzado en ampliar la jurisprudencia hablando de algunos parámetros como que las personas tengan “a) la posibilidad de un recurso jurídico para determinar la existencia de violaciones a derechos fundamentales; b) la posibilidad de remediarlas; c) la certeza de reparar el daño causado y de permitir el castigo de los responsables.”
Pero lo grave de las situaciones que presenta la justicia colombiana es que el sistema de pesos y contrapesos de los poderes públicos, la hacen “intocable”, por la forma como se asignan las competencias para vigilar a los integrantes de la rama que se tornan inocuos y difíciles de mover contra quienes deben responder por sus actos irregulares, delitos o graves violaciones de los derechos humanos. La connivencia entre los poderes públicos hace urgente señalar un camino más rígido para juzgar a jueces y magistrados. Por eso se piden por la ciudadanía cambios urgentes como el cumplimiento de los términos judiciales, mejorar los procedimientos de selección de todo el personal de la rama judicial por méritos y evaluaciones independientes y periódicas, alejar la politiquería de las decisiones judiciales y quitar a las cortes la funciones electorales que los han convertido en poderosos “monarcas con toga” con capacidad para decidir en muchas áreas de la administración y del poder público.
Es importante devolverle la credibilidad a la justicia, afectada por mediáticos escándalos de corrupción, por libertades por vencimientos de términos y prescripciones increíbles por falta de la actividad necesaria para juzgar y condenar. Si la justicia tomara conciencia de su propio valor las transformaciones de la sociedad serían más evidentes y serias. ¿Por qué nadie se declara partidario de fijar y celebrar un año contra la impunidad?
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