ACCIDENTES DE TRÁNSITO

Las consecuencias que se derivan de los accidentes en vías tienen altos costos para el Estado. Además, las personas que quedan incapacitadas temporalmente o de manera permanente, representan afectaciones laborales por valor cercano a los $3 billones en pérdidas. Especialmente si se tiene en cuenta que en la mayoría de los siniestros quedan incapacitadas o mueren personas jóvenes, en edad de trabajar. Las cifras de accidentalidad son crecientes y el número de muertos y heridos también. En 2022 posiblemente pasemos de los 8000 muertos en accidentes de tránsito. Todos somos conscientes que la Agencia Nacional de Seguridad Vial es una dependencia burocratizada, dedicada a repartir contratos de prestación de servicios y publicidad. Su tarea en campo es mínima. Los accidentes hoy ocurren en el perímetro urbano de las grandes ciudades (90%), pero le pierden el tiempo a los controles en carretera, donde la siniestralidad es menor. El 80% de ese pie de fuerza podría trabajar en las capitales y ciudades intermedias.

El control del tránsito se ha convertido en un gran negocio para los particulares, desde los Centros de Revisión técnico-mecánica hasta los Centros de reconocimiento de conductores y las sanciones por medio de foto comparendo. Los accidentes por falla mecánica son casi inexistentes en Colombia, pues la mayoría de los vehículos se revisan en el Concesionario, por efecto de las garantías y los seguros. Las estadísticas de accidentes por esa causa (falla mecánica) que debe ser consecuencia de un peritazgo técnico, son menos del 2%. Pero cada año obligan a la revisión de los vehículos para llenarle los bolsillos a los dueños de los Centros de revisión técnico-mecánica.

En cambio los accidentes por falla humana son la mayoría de ellos en el pais: más del 60%. En esta época, por ejemplo, están apresurando a los conductores a cambiar la licencia cuando tratándose de un mandato del Estado, la Corte Constitucional ha dicho que ese tipo de actuaciones ante la autoridad deben ser gratuitos. Pero los dueños de los Centros de reconocimiento de conductores  y las dependencias de tránsito van a recibir $4 billones de pesos en menos de 6 meses. Le quitan ese dinero a la economía para pasar los recursos al sector público regional y a unos pocos que viven de esa renta periódica.

Y las foto multas tampoco disminuyen los accidentes. Las cámaras son inertes, pero los servidores públicos cobran la sanción como sea, sin aportar las pruebas necesarias, ni entregar evidencia salvo la fotografía, que no es prueba suficiente o plena. La Corte ha dicho que si no se identifica al conductor no se puede cobrar la multa, pero a la Procuraduría, encargada de hacer cumplir las sentencias de los jueces poco les importa. Vivimos pues en un pais santanderista, pero las autoridades de las entidades territoriales violan la ley en contra de los derechos ciudadanos sin que nadie se preocupe por ellos. Hay que cambiar esa mentalidad fiscalista que viola los derechos humanos y ataca la economía de las familias más pobres. Y no es creando negocios para los particulares, sino atacando las verdaderas causas de la accidentalidad, que están determinadas en estudios serios de la Fiscalía y  de los centros de investigación nacionales.

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