El Ministro de Hacienda en una entrevista para el diario el Espectador, les dijo a los empresarios: “por favor, no generen pánico. Porque ese pánico no corresponde a las evaluaciones de ningún otro organismo. Esta reforma fue apoyada por todos los organismos internacionales, por la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional”. Y explicó: “La ANDI dice que las tasas de impuestos a las empresas son del 70 % y 80 %. Lo que pasa es que, como lo hemos dicho en el debate público, hacen el cálculo mal porque no tienen en cuenta múltiples factores. No se tiene en cuenta que las empresas también usan beneficios tributarios y, por lo tanto, no tienen un impuesto efectivo de 35 %”. El pánico económico es un delito reglado por el artículo 302 del código penal, por divulgar al público o reproducir en un medio o sistema de comunicación información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de clientes, usuarios, inversionistas y accionistas. La pena es hasta 144 meses de prisión y multa hasta 700 salarios mínimos legales mensuales.
Tanto el gobierno como el Congreso hicieron un gran esfuerzo para demostrar en foros y en reuniones con los gremios que la reforma se enfoca en cobrar impuestos sobre las utilidades que generan ciertas bonanzas como la petrolera, la minera, los sistemas inteligentes y otras actividades que producen ingresos adicionales y que una parte de ellos deberían ir al sistema de tributación para mejorar las condiciones de vida de los más pobres. El dinero se invertirá en salud, educación vivienda y agua potable. Ahora bien, todos tenemos derecho a pronunciarnos dentro del trámite de ciertas leyes, pero los argumentos deben ser serios y apoyados en estudios que contrasten con el conocimiento que tiene el gobierno sobre las cifras que ingresan al Estado por todo concepto. De lo contrario crear actitudes en contra del legislativo o del Ejecutivo basados en suposiciones o engaños matemáticos o lingüísticos, no se corresponde con la seriedad que exigen los argumentos en un tema tan complejo como el tributario.
Por otra parte los gremios deberían explicarle al pueblo colombiano en qué invierten los recursos parafiscales, que también son de la nación y que les entrega el Estado mediante contratos, con los que aparecen siendo intermediarios del bien público para hacer política en contra de los intereses populares. “El manejo, administración y ejecución de estos recursos se hará exclusivamente en la forma dispuesta en la ley que los crea y se destinarán solo al objeto previsto en ella, lo mismo que los rendimientos y excedentes financieros que resulten al cierre del ejercicio contable” (Art. 29 Decreto 111 de 1996). El gobierno tiene que recoger todos esos fondos que manejan parafiscalidades a fin de instrumentar el concepto de Unidad de caja que debería imperar para todos los impuestos, tasas y contribuciones que se originan en leyes de la República o en Decretos del Ejecutivo.
Se el primero en Comentar