El Presidente Gustavo Petro ofreció una lucha frontal contra la corrupción. Así lo expresó al tomar posesión del cargo y posesionar a sus Ministros.: “Lucharé contra la corrupción con mano firme y sin miramientos. Un Gobierno de cero tolerancia (…) Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que no se vuelva a hacer y transformar el sistema para desincentivar este tipo de prácticas”. En su programa quedó incorporado el texto que lamenta que en los anteriores gobiernos los fines del Estado se cambiaron para satisfacer el interés individual y no el colectivo, que se desviaban bienes, servicios y acciones estatales para satisfacer intereses privados y el enriquecimiento de gamonales y clanes políticos, a costa de las comunidades.
Los primeros pasos del gobierno se han dado en esa dirección, designando personas afectas al programa del Pacto Histórico, comprometidas con la directriz de honorabilidad y ética pública, expresada por el Ejecutivo. Resulta obvio que personas que han militado en partidos de oposición no tienen por qué resultar salpicados por acciones deshonestas, pues los organismos de control han develado que cada año se perdían $50 billones por actividades ilegales de quienes ostentaban el poder. La corrupción ha sido devastadora para la economía y para los programas gubernamentales. Miles de familias se quedaron sin casa propia por la descomposición moral del pais; otro tanto perdieron la vida por el desvío de los dineros de la salud y los demás sin educación, sin trabajo o sin beneficios especiales por culpa del deterioro moral de una parte de la clase dirigente.
Precisamente uno de los componentes de la lucha contra la corrupción es evitar que los cargos de carrera administrativa, a través de subterfugios legales o actuaciones que constituyan fraude a la ley, puedan ser mantenidos en interinidad, o se clasifiquen como de libre nombramiento y remoción otros empleos que por su naturaleza deben pertenecer a la carrera pública. La Corte Constitucional ha expresado en diferentes sentencias que se debe “salvaguardar la función estatal de la influencia directa de los partidos y de los intereses políticos de carácter partidista en la integración y conformación de los cuadros de la administración pública, y el de limitar al mínimo los efectos de las variaciones en los esquemas y acuerdos de gobernabilidad en un régimen democrático y participativo como el nuestro.” La terminación de los contratos de prestación de servicios y la tercerización, es un paso hacia adelante en esa batalla que va a dar el Presidente Petro eliminando una de las causas principales del soborno institucional. El Ahorro para el erario será tan grande como la reforma tributaria que se acaba de aprobar.
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