Los medios de comunicación han reportado la siguiente noticia: “En casi todo Colombia las torrenciales lluvias han dejado, entre el 1 de enero y el 10 de noviembre de 2022, 204 muertos, 37 desaparecidos y 281 heridos. Las precipitaciones, las más fuertes de las últimas cuatro décadas, también dejan 488.502 damnificados (147.562 familias) en 772 de los 1.103 municipios del país”. Las personas más pobres son las grandes perdedoras de las torrenciales lluvias. A pesar de que familias de estratos altos también han padecido los rigores de esta difícil temporada.
El gobierno nacional ha tomado dos medidas puntuales y una de ellas permitirá acabar con los riesgos de los pobladores ribereños de ríos y quebradas. Hay que reubicar a quienes permanecen en riesgo, por falta de un pedazo de tierra que les garantice la seguridad. Pero la derecha inmediatamente arma polémica porque el Presidente Petro les dijo a los Alcaldes, que tomen las medidas necesarias aplicando la ley 1523 de 2012, sancionada por el expresidente Juan Manuel Santos, “por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres y se dictan otras disposiciones”. El artículo 2º de la ley dice: “La gestión del riesgo es responsabilidad de todas las autoridades y de los habitantes del territorio colombiano”.
Además en ella se describe el Principio del interés público o social que expresa “En toda situación de riesgo o de desastre, el interés público o social prevalecerá sobre el interés particular. Los intereses locales, regionales, sectoriales y colectivos cederán frente al interés nacional, sin detrimento de los derechos fundamentales del individuo y, sin demérito, de la autonomía de las entidades territoriales”. Hay un Consejo Nacional, hay Consejos territoriales y comités técnicos. Ya es hora de que radicalicemos las soluciones y evitemos que la misma tragedia se repita por el miedo a expropiar tierras, que hoy solamente ocupan algunos ganaderos o que permanecen sin uso a la espera del engorde capitalista que da el paso del tiempo. Salvar a los habitantes en riesgo en zonas de ladera o en los márgenes de los ríos colombianos es una decisión que honra a quien la tome.
Dejemos de pensar que la expropiación es el “coco de la izquierda”, pues en todos los países civilizados se expropia en nombre del interés social y la utilidad pública. Es una medida que permite hacer uso de poderes excepcionales, que el Estado tiene constitucionalmente. (Arts. 58 y 59 Carta Política). Recordemos que la propiedad es una función social que implica obligaciones y como tal le es inherente una función ecológica. Nada de miedo pues, para usar los instrumentos normativos que tenemos consagrados en nuestras leyes y que han sido avalados por la jurisprudencia de nuestras altas cortes, en este y en todos los gobiernos anteriores de la derecha que han usado la misma figura, sin que haya escándalo alguno.
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