LEYES DE PAZ

El pais avanza a pesar de las voces pesimistas y afligidas de la derecha que considera que el pais entró en bancarrota. Para nada les importa que el Presidente Petro haya logrado una gran coalición para gobernar. Tampoco que se haya aprobado ya el presupuesto del 2023 y que, además, se hayan conseguido acuerdos sustanciales para aprobar la reforma tributaria, que dejará recursos para atender el crecimiento económico del pais y sobre todo para ayudar a los más vulnerables para que superen los niveles de pobreza en los que viven. Otro cambio de importancia es la renovación de la Junta Directiva de Ecopetrol, que algunos creían que tenían puesto asegurado a perpetuidad, por su belleza e inteligencia. Y el gran salto lo estamos dando con la modificación de la Ley 418 de 1997, que permitirá hablar de paz total en los territorios.

La Corte Constitucional ha explicado bien que “La promoción de estos procesos dialógicos de origen legal, también debe precisarse, no constituye un mandato ineludible al encuentro directo entre ofensor y ofendido; su cumplimiento exige, en el marco de las etapas del procedimiento, que la autoridad judicial valore qué mecanismos o qué medidas resultan más adecuadas para lograr las interacciones esperadas bajo la concepción restaurativa de la justicia. Lo contrario, esto es, confrontar de manera directa a sujetos que no están preparados para ello, puede generar nuevas victimizaciones, desconociendo que la labor del componente de justicia en transición consiste en implementar acciones sin daño”.

Conversar con el enemigo interno, violento y despiadado, es una tarea ordenada por la Constitución, cuando establece la paz como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento (Art. 22). Ese camino hay que recorrerlo cuantas veces sea necesario, como se ha hecho en anteriores gobiernos. Pero lo que perturba a la oposición es que no pudieron lograr la paz y hoy hasta se retiran de las sesiones porque no los dejan entorpecer el desarrollo de los debates, dedicados a un tema tan crucial como el logro de la paz en veredas y áreas urbanas que antes estaban desprotegidas del poder estatal.  Los presidentes de Senado y Cámara deben ejercer el control de las sesiones y dar la palabra para tratar temas pertinentes y de conformidad con el orden del día. Dilatar los tiempos para impedir la aprobación de proyectos de ley es torpe y fuera de lugar, en una corporación que se supone debe trabajar por el interés nacional y no de algunas personas o de un partido específico.

Se abre un nuevo camino de verdad, justicia y reparación para las víctimas. El otorgamiento de tratamientos penales especiales previstos por el sistema para sus comparecientes depende inescindiblemente, tanto del momento de su concesión como para su mantenimiento y, también, del aporte del destinatario a la satisfacción de los derechos de las víctimas. Todos esperamos que la paz prevalezca con el uso de instrumentos pragmáticos, que aceleren las decisiones de la justicia

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