Con el trámite de la reforma tributaria nos hemos dado cuenta de que los empresarios gozan de muchas exenciones y exclusiones en el pago de impuestos que en ninguna otra parte del planeta tienen. Por eso el escándalo de algunos medios de propiedad de los hombres más poderosos de Colombia cuando hacen ostentación en los titulares de prensa de lo que ganan las organizaciones en cierto tiempo, pero ocultan lo que le cuesta al Estado darles todos los beneficios que ellos callan.
Es cierto que a nadie le gustan los impuestos porque ellos son el fruto del esfuerzo individual o colectivo de fábricas y comercios que los gobiernos anteriores han despilfarrado en un pandemónium. Si la actitud de los gobiernos cambiara y demostraran austeridad y buen juicio en el gasto público los comportamientos ciudadanos darían más apoyo a la inversión del erario público en obras y necesidades de quienes viven en los niveles de pobreza.
La reforma tributaria que se tramita en el Congreso, por ejemplo, ha levantado voces de gente pudiente en términos económicos y de las empresas más prósperas. Nadie ha explicado bien cuáles y cuantas son las exenciones y exclusiones en el pago de tributos de los poderosos del pais. El Comité de la regla fiscal al parecer es el primero en poner “el grito en el cielo” cuando afirma que los beneficios tributarios que se dieron en 2021 ascienden a $92 billones. Una propuesta simple para recoger todas las inquietudes sería que en tres años se bajaran a cero (deducciones, exenciones y tratamientos tributarios especiales en impuestos como renta, IVA, gasolina y ACP, e impuesto al carbono) y que solamente se dejaran aquellas que promueven el empleo de manera eficaz y las que permitan la reinversión en las propias empresas. Retirar aquellas que al final paran en los lujos de los propietarios de esas fortunas y que solamente les sirven a ellos pero que desconocen el principio de solidaridad.
Lo que afirman expertos (Concha-Ramírez-Acosta 2017 CEPAL) es que “la reconocida complejidad del sistema, y sus múltiples excepciones, hacen que las empresas de mayores utilidades paguen tasas efectivas de tributación menores que empresas de inferiores utilidades. Este hecho coadyuva en las elevadas tasas de informalidad empresarial, y restringe el crecimiento de las pequeñas empresas. La simplificación del sistema y la eliminación de muchos de sus tratamientos diferenciales permiten mayor efectividad en el control de la evasión y elusión fiscal; trae mejoras en equidad vertical y horizontal, y facilita la administración del recaudo; permitiría una política tributaria más eficiente y equitativa.”
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