El artículo 2º de la Constitución Política señala los fines esenciales del Estado y la misión de las autoridades. Uno de esos fines es “facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan y en la vida económica, administrativa y cultural de la Nación”. Es entendible, entonces, que las comunidades exijan que el gobierno se ejerza desde los territorios y no solo desde la Capital de la República, donde se encuentran los más anhelados escritorios con salarios de más de 30 millones de pesos. Los sectores apartados del pais, donde no se concentran los poderes públicos, también hacen parte del territorio y, por tanto, de la República unitaria y descentralizada, y del estado social que ampara derechos, otorga garantías y señala deberes a todos los residentes en Colombia.
El concepto de “facilitar la participación” es clave para entender los nuevos sentidos de la democracia, entre ellos la cercanía del gobierno frente a las regiones, la toma de decisiones consecuencia de acuerdos discutidos y estudiados con las comunidades, en fin, la presencialidad de las autoridades para que grupos ilegales no sustituyan a quienes ejercen la soberanía en representación del pueblo. Las masacres, el dominio de armas ilegales que impera en ciudades y municipios, se debe a la ausencia de la autoridad legítima, porque ella se ejerce desde los escritorios bogotanos y no como manda la Constitución facilitando la participación ciudadana como verdadero mecanismo democrático.
Un funcionario de escritorio se identifica muy fácil: llega después del horario de trabajo que fija la jornada laboral; se encierra a hablar por celular (en los tiempos modernos); se reúne con sus amigos, no con el pueblo que quiere exponer necesidades urgentes; no firma lo que tiene obligación de legalizar por sus competencias y acumula trabajo para otros días y horas; almuerza opíparamente cumpliendo compromisos políticos; sale del trabajo en cualquier momento y deja el recado de que “al que pregunte por mí dígale que salí a una cita en Presidencia o con el Ministro”. Mientras tanto, la gente de las regiones murmura, se moviliza, critica, dice en los medios de comunicación locales que el gobierno no existe y son los grupos armados los que hacen presencia y resuelven los temas matrimoniales, de tierras y justicia.
Esos funcionarios de escritorio, que todos los gobiernos anteriores han tenido, son grandes amigos de empresarios, aportantes a campañas, poderosos de los clanes regionales y de uno que otro banquero. Por eso, ejemplo debe darse desde el Pacto Histórico para abrir las puertas de la administración y del gobierno, permitir que el pueblo se exprese y solucionar los problemas en las regiones y desde las regiones, trasladando los centros de decisión y el dinero de Bogotá a los 1101 municipios que tiene hoy Colombia según el Dane. Solamente así daremos fin a la crisis de salud, educación, agua potable y vivienda que cada día es más grave. Decisiones de este tipo pondrán un muro al desplazamiento de la población campesina y de los municipios de categorías 3, 4, 5, y 6.Tengamos en cuenta que el 87.6 %, de los municipios pertenecen a la sexta categoría.
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