La Constitución de 1991 reservó los artículos 365, 367, 368, 369 y 370 al importante tema de los servicios públicos. Hoy el alto costo los está haciendo impagables y hay regiones como la Costa Caribe donde por presiones de los Congresistas todos los colombianos estamos aportando un subsidio que cuesta $7 billones para cancelar parte del consumo, o del derroche, o de las aberraciones de algunos usuarios y prestadores de servicios que se han enriquecido, sin hacer inversiones en nuevos equipos, redes o personal calificado.
La discusión por la apropiación de los recursos para los subsidios comenzó en el Congreso de la República en agosto de 2018, cuando trascendió una carta que los gremios del sector energético le enviaron al presidente Iván Duque en la que le pedían incorporar dentro del Presupuesto General de la Nación (PNG), para la vigencia 2019, recursos por $3,19 billones para los sectores de energía y gas. La solicitud fue radicada en la Presidencia y firmada por los directivos de Acolgen, Andeg, Andesco, Asocodis y Naturgas, quienes manifestaron su preocupación por el “déficit” de recursos para cubrir los subsidios que reciben los usuarios de los estratos 1, 2 y 3 en el país. Todos los medios de comunicación informaron sobre esta noticia y, además, dijeron que la bancada de la Costa había supeditado la votación de proyectos oficiales a que se incluyeran los recursos reclamados. (Presión Legislativa)
Recordemos que antes de la Constitución de 1991 los servicios eran prestados por entidades públicas. La Constitución de 1991 abrió la posibilidad de que también los prestaran particulares. Y allí empezó la gloria y la desdicha. En algunas partes hay empresas muy eficientes, tanto públicas como privadas, en otras regiones, hay organizaciones dedicadas al lucro que no prestan buenos servicios pero sí suben las tarifas sin medida ni control y sus utilidades cada día crecen más. Ello ha llevado a que muchos ciudadanos ricos y pobres le hagan fraude a esas empresas y se haya generado una cultura de no pago, que el Estado de manera tardía ha venido a enfrentar. Esas pérdidas de las empresas las estamos pagando hoy todos los colombianos. Faltó pues seriedad tanto en las comisiones de regulación como en la Superintendencia de Servicios públicos para avanzar en programas de respeto a los compromisos de los usuarios con las empresas y de estas con aquellos. Lo que tenemos hoy es la alineación de los astros en contra de servicios “buenos, bonitos y baratos”, como hay en otros paises.
La maraña de cables en todas la ciudades, las roturas que no se arreglan a tiempo, la atención ineficiente a los usuarios, los reclamos por millones hacen de los servicios públicos un maremágnum incontrolable. Tal desorden debe ser arreglado por el Pacto Histórico que tiene que enfrentar invasiones y malas prácticas en uno y otro sector. Ojalá atinen con la designación de funcionarios conocedores y decididos a poner en cintura a empresas y defraudadores de los servicios para que no paguen “justos por pecadores”.
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