Uno de los problemas recurrentes en las democracias es fijar un mecanismo para proteger los recursos públicos. Se han creado para ello las Contralorías y las Procuradurías, que tienen herramientas no solamente de sanción sino de prevención. Pero en nuestro medio la crítica ha sido recurrente: tales dependencias se han convertido en nidos burocráticos, por la voracidad de quienes tienen la misión de elegir a sus cabezas más importantes y la debilidad de los escogidos para hacer respetar la Constitución y la ley en cuanto a su independencia de los políticos. “Se ha distorsionado el objetivo fundamental para dar paso a la influencia clientelista”. Fue la queja de los Constituyentes de 1991. El pasado gobierno dejó maltrecha la moral de tales instituciones, porque con el cambio de reglas en el tema de reelección presidencial, modificando un “articulito” de la Constitución, se destruyó el andamiaje de pesos y contrapesos, generando una grieta que permitió que el Presidente escogiera a sus propios vigilantes y se desbocara la corrupción por los compadrazgos que da el “yo te postulo tú me exoneras”.
Tanto Contraloría como Procuraduría son apéndices del Gobierno de turno porque los lideres de la moral pública no se atreven a contradecir al Presidente en funciones cualquiera que él sea. Su capacidad para manejar el presupuesto y las nóminas facilita esa tarea que el “amiguismo” en el Congreso contribuye a consolidar. Los dineros que se pierden por la deshonestidad nunca se recuperan. Por eso había que empoderar más a la Contraloría y a la Procuraduría para que actuaran antes del descalabro y no después, porque la responsabilidad se pierde en la maraña de procedimientos que protegen la presunción de inocencia, con términos que se alargan hasta el infinito, donde todo prescribe. Lo obvio sería que reunidas las pruebas y trasladadas a los presuntos responsables se hiciera la audiencia de imputación y decisión, habiendo dado a las partes la oportunidad de recoger evidencias para contradecir el recaudo probatorio de la acusación. Una audiencia bastaría para decidir o no la inocencia o responsabilidad de los presuntos autores, pues en la administración pública todo está documentado.
Las razones entonces para acabar o reformar la Contraloría y la Procuraduría, convirtiendo la primera en un Tribunal de cuentas con jueces especializados y a la segunda en una parte de la Fiscalía en la lucha contra la corrupción son evidentes por los resultados que tales dependencias hacen notorios, cuando afirman que en Colombia se pierden $50 billones por corrupción. La ruta del dinero extraído del erario es muy clara, frente al derroche de algunos exfuncionarios que entran pobres y salen ricos, con parientes que ganaron la lotería en un corto periodo de tiempo, y con manifestaciones de dilapidadores sin control. Las nuevas adquisiciones de quienes desocupan las oficinas y los carros oficiales asombran a sus vecinos y amigos, pero no a los investigadores que nunca descubren a los autores, cómplices y auxiliadores de la apropiación ilegal de recursos del Estado. Si hay un cambio urgente en la estructura del Estado es en los organismos de control, hoy convertidos en burocracia inútil, ineficaz y lenta, apoyo necesario de la impunidad.
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