Colombia ha tenido grandes bonanzas y, como consecuencia de ellas, graves crisis. Los mayores ingresos traen un coletazo de altos costos para las personas y para la economía. Si no se ahorra y por el contrario se gasta en la medida que entran los recursos, se está poniendo en riesgo el futuro de las generaciones por venir, pues ellas se encontrarán en un torbellino de necesidades imposibles de satisfacer con los pocos dineros que el erario puede recaudar a través de los impuestos y las exportaciones. O si se maquilla el problema, los gobiernos siguientes tiene la obligación de nivelar las cuentas del Estado y para eso debe acudir al sacrificio de los mayores ingresos de sus ciudadanos, impidiendo que ellos puedan mantenerse en un nivel de vida adecuado, que han derivado de su duro trabajo.
En los años 20, ya Colombia participaba con el 10% en la producción mundial de café. Una década después había doblado esta cifra. Para 1924, el café representaba casi el 80% de la exportación nacional. A pesar de los buenos ingresos, en junio de 1989, principalmente por iniciativa de los países compradores del grano, se vino abajo el pacto de cuotas regulado en el Acuerdo Internacional del Café. Después de 29 años de un mercado regulado, de la noche a la mañana se regresó a la ley de oferta y demanda. La Federación de cafeteros entró en crisis y se tildaba a sus directivos de favorecer un grupo privilegiado de productores y exportadores, pero también de haber hecho inversiones riesgosas como las de la Flota Mercante Grancolombiana y el banco Cafetero, donde se desaparecieron millonarios recursos del sector.
Tanto el café como el petróleo nos han dado satisfacciones, pero por los malos manejos hemos perdido la oportunidad de ahorrar recursos para el futuro. Uno de los problemas fiscales asociados a las bonanzas es la financiación de gastos permanentes con ingresos que por su naturaleza se pueden reducir e incluso desaparecer. Eso ocurre con el aumento de la nómina estatal que crece pero después es muy difícil eliminar cargos. Por el lado de las finanzas públicas, una caída abrupta de los precios externos de los bienes de origen vegetal o mineral afecta el flujo de recursos por impuestos y regalías al igual que las utilidades de las empresas públicas y privadas que desarrollan actividades en el sector. Esta situación obliga a los gobiernos a buscar alternativas de ingreso o a reducir el gasto público para evitar un aumento continuo del déficit y de la deuda que propicie una situación de insostenibilidad fiscal (Baffes, Kose, Ohnsorge y Stoker, 2015). A nivel de las finanzas territoriales, la reducción de las regalías por la explotación de minerales compromete la ejecución de proyectos de inversión y debilita los fiscos de esas entidades, especialmente en los casos en los que existe mayor dependencia de este tipo de recursos.
En general, el incremento de los precios del café y del crudo han impulsado la actividad económica y la mejora en las rentas del gobierno generadas por estas actividades. Por el contrario, las reducciones en el precio afectan la economía y disminuyen este tipo de rentas. Mientras las bonanzas de precios o de cantidades se traducen en menor déficit fiscal, las crisis generan un aumento del déficit y de la deuda pública cuando las autoridades económicas no adoptan medidas compensatorias. En este gobierno, por la falta de previsión de los anteriores que estuvieron dedicados al derroche, es posible que los precios de la gasolina suban. En otros países han ocurrido estallidos sociales. Ojalá el gobierno del Pacto Histórico sea prudente y tome decisiones de alzas moderadas, para evitar reacciones de todos los sectores en contra de las autoridades, de los bienes públicos y particulares.
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