Los dirigentes del sector salud especialmente las EPS han salido a defender su gestión. Pero los usuarios se quejan cada día más de la prestación del servicio. Personas que llevan cotizando 20 años o más nunca han recibido un solo servicio, ni hay posibilidades de solicitar citas porque siempre las dan para fechas muy lejanas o lugares apartados de sus residencias frente a las necesidades de los usuarios, lo que lleva a estos a pagar atención médica particular. El otro karma es la entrega de medicamentos, que dilatan de tal manera que ni con acciones de tutela ejecutoriadas satisfacen los requerimientos de los pacientes, especialmente de las personas de la tercera edad, las más necesitadas de cuidados.
En la pagina de Consultor salud encontramos la siguiente información : “En el 2014 el total de quejas fue de 230.225; en el 2015 la cifra alcanzó las 325.322 denuncias; en el 2016 fue de 467.759; en el 2017 el registro llegó a 483.431, mientras que en este año 2018 se tienen 317.862 para un total en este periodo de 1 millón 824 mil 599 reclamos.”
En el reporte de la Superintendencia de Salud 2020 encontramos que se impusieron $65.873 millones en multas de las cuales 40% estuvieron relacionadas con temas de salud. Entre el 1 de marzo del 2020 hasta el 17 de enero del 2021, fueron recibidas en la Superintendencia de Salud 746.387 peticiones, quejas, y reclamos contra EPS, de las cuales 91.965 están relacionadas con la atención en medio de la pandemia por la covid-19. Y si bien el porcentaje es bajo en relación con el número de usuarios, también lo es que las personas prefieren asumir los costos de su atención antes que quejarse del mal servicio. El otro problema que se presenta para la investigación de irregularidades en el sector salud es que no aparecen cifras actualizadas en las dependencias oficiales o es difícil conseguirlas por la falta de transparencia en la información oficial.
El sistema sí tiene que reformarse y si se hace una encuesta imparcial y abierta con todos los asociados se verá la magnitud del problema. No se puede seguir en la alcahuetería de proteger a unos inversionistas y negociantes de la salud, que incluso han desviado ingente cantidad de recursos hacia inversiones personales o en negocios ajenos al sistema mientras para los pacientes en difícil recibir el apoyo de una ambulancia para atender emergencias en clínicas y hospitales. La Secretaria de Transparencia ha señalado “que la principal modalidad de corrupción en el sector salud, está en la celebración de contratos, y en la compra y entrega de medicamentos incumpliendo requisitos legales: “Sigue el recobro; la adquisición de medicamentos vencidos o de contrabando; la formulación para pacientes inexistentes; la reclamación de medicamentos vía tutela para venta posterior; y medicamentos para enfermos mentales”. Reformas ya, sin concesiones a los corruptos de la salud y por el derecho a una vida digna.
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