Primero fueron las familias, después los grupos nómadas y luego los asentamientos humanos que se convirtieron en ciudades y posteriormente en los estados modernos. Pero el Estado surge por una causa justificada: organizar todas las funciones de la sociedad y atender a las necesidades colectivas evitando el desorden. Los monarcas del antiguo régimen eran violentos, sanguinarios y verdaderos déspotas. Salvo excepciones donde los líderes fueron demócratas y respetados por el pueblo. Las ciudades mutaron para convertirse en clanes en la época medieval. Nació el feudalismo y, con él, las clases sociales, el vasallaje, las guerras imperialistas, el poder del clero y el pago de tributos. La frase “El Estado soy yo”, atribuida al monarca francés Luis XIV (el Rey Sol), se ha utilizado como ejemplo del absolutismo, un régimen político instalado en Europa durante varios siglos. El monarca galo, con su esplendorosa Corte en Versalles, la meticulosa proyección de su imagen y la forma de gestionar su reino se ha convertido en el espécimen de gobernante absoluto.
El Estado moderno despersonaliza el poder, es decir, quien gobierna lo hace en nombre y representación del pueblo que lo elige; el fin de la función estatal es la persona humana; la condición esencial es la solidaridad basada en la igualdad de todos. Por esas razones, el gobierno debe tener un plan de servicio público que respete la dignidad, maneje con pulcritud los recursos de la tesorería y elimine la pobreza extrema. Es así como leemos en la Constitución Colombiana que somos un Estado social de derecho (Art. 1), que la propiedad es una función social que acarrea obligaciones (Art. 58) y que la empresa como base del desarrollo, tiene una función social que también implica obligaciones. (Art. 333). En Colombia el Presidente es un servidor público como todos aquellos que ostenten una dignidad a nombre del gobierno y del Estado. Todos actúan por delegación de la soberanía popular. (Art. 3)
El gobierno del Estado colombiano, por tanto, debe actuar dentro de los límites de la Constitución y las leyes, defender la paz como derecho y deber, proteger los derechos fundamentales, estimular las libertades para que el crecimiento económico llegue a los más vulnerables y para que la tributación sea justa. Ella es la base de un Estado social, sin que en ningún caso los impuestos sean confiscatorios. No podemos volver al Estado absolutista o medieval. Pero lo lógico es que las personas que más producen y generan utilidades contribuyan con el sistema tributario nacional. Los ricos colombianos deberían de manera voluntaria aportar generosamente para eliminar la pobreza dejando los lujos y excesos que se esfuerzan por mostrar cada día en las revistas de farándula y en las páginas económicas de los periódicos. Eso es solidaridad, justicia y equidad.
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