Los políticos se han encargado de que la normas constitucionales y legales no sirvan para nada, salvo a sus propios intereses. Cuando se trata de combatir las ideas de los demás invocan la carta democrática y los principios del Estado social de derecho. Cuando tienen que reconocer los derechos de los demás se ríen en privado y proclaman otras cosas en público. Eso pasa con la carrera administrativa y los concursos para proveer las notarías.
El artículo 125 de la Constitución consagra la carrera administrativa como una regla general para llegar al ejercicio de la función pública. La norma excluye los empleos de elección popular, los de libre nombramiento y remoción, los de trabajadores oficiales y los demás que determine la ley. Pero la trampa se hace desde el comienzo: se crean los cargos de carrera y se nombran en provisionalidad a los amigos de los Congresistas, Diputados y Concejales. Todo el mundo se hace el “ciego, sordo y mudo” y nunca se convocan los concursos hasta que alguien pide que lo hagan porque están violando la ley. La provisionalidad la convierten en permanencia para favorecer a quienes ponen los votos de los grandes electores y lo hacen a base de engaños. En la ley siempre hay una parte oscura que permite a los politiqueros burlarse de la inteligencia de quienes participan en los concursos.
El artículo 131 de la Constitución por su parte establece el concurso para nombrar notarios. Pero aquí pasa los mismo. En recientes informes públicos se habla de 150 nombramientos de notarios en provisionalidad, lo que constituye una violación abierta de la Carta Política por parte del Presidente el gran nominador. Nombra a sus amigos sin verificar conocimientos y condiciones mediante los exámenes respectivos. No convocan los concursos para que colombianos más capaces que los amigos del régimen lleguen a las notarías. Son jugosos los ingresos y se convierten en el camino a una millonaria jubilación con el dinero que registran esos destinos privilegiados. Igual que en los cargos de carrera administrativa en el caso de los notarios no convocan los concursos o si los convocan dejan vencer la lista de elegibles para incorporar a quienes representan votos en el Congreso o tienen familias poderosas.
El artículo 4º de la Carta Política expresa que la Constitución es norma de normas. Pero en Colombia causa risa esa afirmación, pues la forma de eludir su cumplimiento es más ingeniosa que las jurisprudencias de las altas cortes. Alguna disposición debe consagrar la obligación de no proveer cargos sin concurso y alguna autoridad debe llevar a la cárcel a quien cometa este prevaricato por acción. La tarea del pacto histórico no solamente es cambiar el daño social que ha causado el sistema económico actual sino el régimen político corrupto que todo lo crea en favor de quienes manipulan el poder y las normas legales. Un cambio que debe empezar por convocar de manera urgente los concursos pendientes y proveer los cargos como mandan la Constitución y la Ley. No permitamos que los políticos se sigan burlando de la inteligencia de los colombianos.
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