Los altos niveles de corrupción de los últimos años llevaron a las mayorías populares a despertar cuando calculando recursos públicos contra gastos evidenciaron que si defendían el erario ellos podrían salir de la pobreza. Lo que se pierde en Colombia por los grandes negociados estatales se puede acercar a los $50 billones anuales según la propia Contraloría General, lo que requiere el gobierno Petro para extinguir la terrible hambruna que se ve en Colombia, pero que los grandes inversionistas no quieren atender ni reconocer. Si se acaba la corrupción los sobrantes para inversión en programas sociales serían extraordinarios y, al final de cuatrienio, se verían los resultados de ascenso social de las clases menos afortunadas. Esas personas que mejoran sus ingresos se convierten en buenos consumidores de productos internos lo que mantendrá el equilibrio que necesita la economía para seguir creciendo. No al ritmo de un pais industrializado sino al de los países en pleno auge capitalista. Lo absurdo del desarrollo es que sacrifica a los más débiles para que los fuertes se hagan más poderosos.
Lo más importante del cambio que vamos a experimentar el 7 de agosto será la transparencia tanto en las inversiones como en los actos del gobierno, pues la función pública en los países como Colombia se hace tratando de ocultar lo más y mostrar lo menos. Es decir, en zonas como ésta prevalece la reserva legal, para proteger a quienes gobiernan y contratan. En nuestro pais los grandes contratistas presionaron al Congreso para que los terceros ajenos al contrato no pudieran demandar los actos de adjudicación; después en las acciones populares quitaron el beneficio que se daba a los demandantes por proteger los intereses públicos; pero también, contrario a todo acto de moralidad, lograron que una ley introdujera un cambio muy bueno para los inversionistas bancarios vinculados a un contrato y era que debían pagarles sus créditos, así en desarrollo del contrato se dieran actos de corrupción, amparo jurídico que la Corte Constitucional tumbó. Teníamos hasta el pasado 20 de julio un Congreso muy proclive a buscar mejores posiciones para la clase dominante, mientras a los pobres no les permitían ni cuidar el medio ambiente y su derecho al agua.
El informe final de las comisiones de empalme muestra el desorden gubernamental en el desarrollo de los negocios del Estado. Miles de contratos sin terminar, adjudicaciones a velocidad de Fórmula Uno, vinculaciones de personal a última hora, para custodiarles la silla a los mejores amigos del gobierno, y legalización de contratos de prestación de servicios creando cargos de trabajadores oficiales y otras gabelas en protección de personajes que dejarán los gastos por las nubes y los ingresos de algunas entidades en el mínimo posible para sobrevivir. Por eso no será de extrañar que algunas de ellas tendrán que desaparecer o reformarse a fondo en este nuevo gobierno. Cosas de la politiquería de fin de un gobierno bastante malito.
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