Nada se iguala con el derroche de dineros públicos por parte de Presidencia, Ministerios, Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y Contraloría, ocurrido en este gobierno que termina, mientras el pueblo en la periferia se muere de hambre. Todos los gremios y los inversionistas claman por la reactivación de la industria y el comercio, pero no dicen nada sobre el derecho a la alimentación y la salud, de los más pobres que debería ser obligatorio para el Estado. Es bueno que el gobierno entrante revise las cifras del presupuesto que se está ejecutando para que elimine apropiaciones de gasto suntuario y dedique esos últimos pesos que dejó el gobierno Duque a calmar las necesidades de los más vulnerables.
Es escandaloso, por ejemplo, que como lo denuncian los medios, el Presidente se haya gastado más de $45.000 millones en publicidad, para rescatar la deteriorada imagen en el último año, mientras en las calles de Colombia y en las carreteras abundan las personas vendiendo chucherías y frutas que nos les alcanzan ni para comer en la noche. Pero en la casa de Nariño se despilfarra el dinero público repartiendo a los compadres el erario en contratos de prestación de servicios y en grandes negociaciones que terminan con la escogencia a dedo de los afortunados contratistas.
La casa de Nariño también se excedió en viajes inútiles, para destacar el trabajo del presidente de la república, cuando en el Congreso hundía el acuerdo de Escazú, por presiones de gente muy poderosa. Gracias a la nueva coalición se rescató el tratado. La familia presidencial y especialmente el invitado de honor el gran hermano de Duque lo acompañaba en sus giras sin tener nada que ver con políticas públicas y se movían en aviones y vehículos oficiales. Hay que decirlo claramente, lo que debemos cuidar es la institución presidencial y no la imagen del presidente que debería perder todo privilegio e inmunidad para que pueda ser investigado en caso de dudas sobre su comportamiento y el manejo de dineros oficiales.
Por los Ministerios y demás entidades públicas abundaban los contratos de prestación de servicios de cientos y miles de millones de pesos asignados a gente valida del apoyo congresional, dándose el caso de una persona que tenia a su nombre 24 contratos, mientras a otros ciudadanos menos afortunados no los dejaban ni entrar a entregar en los despachos oficiales sus hojas de vida. El poder sometido a los peores abusos, que dejó en pocas manos una ingente riqueza y la mayor pobreza en las clases desafortunadas y miserables. Esas personas dejadas de la fortuna tardarán con suerte 10 generaciones para salir de la pobreza según los estudios de la CEPAL y del FMI. Si todo ese dinero se hubiera gastado en programas sociales muchos más beneficiarios reales tendríamos en los informes amañados del gobierno saliente.
Faltó transparencia en la información, especialmente en los contratos para la compra de vacunas contra la Covid19, pues tuvo que intervenir la justicia para obligar al gobierno a revelar el valor de los contratos . En esa actividad, según datos oficiales se gastaron $117 billones incluyendo la reactivación económica y el manejo de la crisis. Lo que deben explicarnos es en qué se gastó peso por peso todo ese dinero que no se ve por ninguna parte. Los gobiernos usan las emergencias para no convocar licitaciones y adjudicar contratos de manera directa favoreciendo a los aliados del régimen. Ojalá la nueva administración revele los resultados de las investigaciones y la tormentosa velocidad con que adjudicaron los contratos que la Corte Constitucional tumbó por violar la ley de garantías.
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