El gobierno del Presidente Gustavo Petro empieza bien si toma decisiones drásticas como reducir los contratos de prestación de servicios al 10% de la nómina actual. Hay casi 600.000 contratos de prestación de servicios según nos dimos cuenta después de la sentencia del Consejo de Estado que le puso ciertos límites a la celebración dichos acuerdos, estableciendo un periodo de gracia para que no se diera la solución de continuidad y pudiera decirse que se trataba de la misma relación laboral. Igualmente debe enviar el gobierno un mensaje de austeridad eliminando tanto cargo inútil creado por anteriores mandatarios.
Las contrataciones deben darse en sectores donde haya un objetivo concreto y cuyos resultados sean aplicables a actividades que generen productividad en el sector público, por ejemplo, cuidando los bosques, el agua, la seguridad y los bienes vinculados a la prestación de los servicios públicos, vigilancia de zonas donde se expendan artículos pirotécnicos y sustancias peligrosas, protección de niños, niñas y adolescentes en el espacio público a la entrada y salida de los colegios, protección integral a la población habitante y en calle, mejoramiento de vías en zonas rurales y urbanas, inspección de actividades en aglomeraciones de público, ciclovías, reuniones y manifestaciones públicas, estacionamiento en vía pública, actividades preventivas del medio ambiente y en actividades mineras, información sobre comportamientos que afecten la fauna silvestre, avisar sobre actividades contrarias a la integridad urbanística y apoyo en todos los espacios en relación con el respeto y cuidado de los animales.
La vida parasitaria de la gran mayoría de los políticos, atenidos al poder de sus intrigas y su capacidad de vincular amigos al clientelismo, es la peor muestra del nivel de competitividad de Colombia. En 2019 el pais llegó al puesto 57 del ranking de competitividad mundial, de 141 países analizados por el foro económico mundial. Y como dicen las abuelas es mejor ver el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío, con lo cual los políticos creen que los nuevos recursos se los pueden gastar creando cargos y no invirtiendo en nuevas tecnologías. Gravísimo error, porque el mundo globalizado exige otro tipo de comportamientos, teniendo en cuenta que la virtualidad será paradigma para las nuevas generaciones.
Según el informe “Flexibility at Work” de Randstad, la tecnología cambiará el 30% de los empleos después del confinamiento. El estudio analiza las principales tendencias en el ámbito laboral y las previsiones de futuro tras el Covid-19, destacando la influencia que la automatización y la tecnología tendrán en la evolución del trabajo. Luego, la conclusión es que el tamaño del Estado no debe aumentarse más, que tenemos la obligación moral de eliminar cargas presupuestarias para incentivar el desarrollo productivo. La burocracia es lenta en la toma de decisiones y su papel en la creación de riqueza es casi nulo. En 2021 Colombia disminuyó la calificación en el índice de competitividad agregada (ICA) del IMD en 1,8 puntos porcentuales (p. p.). Con este resultado, el país se ubicó en el puesto 56 entre 64 economías, lo que significa una disminución de dos posiciones respecto del año anterior. Hay que aprovechar en inversión social el poco dinero que tenemos en el presupuesto general de la Nación y cero despilfarro o abusos con el dinero público. Más tecnología y menos burocracia improductiva.
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