CAMBIOS NECESARIOS EN LA FUERZA PÙBLICA

Las decisiones que ha tomado el Presidente de la República Gustavo Petro, se ciñen al marco constitucional, en el entendido de que según el artículo 189 numeral 3º de la Carta Política le corresponde “dirigir la fuerza pública y disponer de ella como comandante supremo de las fuerzas armadas de la República”. Algunos connotados dirigentes de la derecha en Colombia han levantado sus voces para decir que la salida de algunos generales crea zozobra y desengaño en la fuerza pública, pues sacaron de la actividad hombres experimentados en la lucha contra la inseguridad, el narcotráfico y toda clase de otros delitos. La decisión estaba anunciada desde la campaña cuando el candidato del Pacto Histórico fijó algunas reglas de juego, incluso expresó que quienes estuvieron vinculados con falsos positivos o actos contra los derechos humanos saldrían de las distintas fuerzas.

Por otra parte, la reglas de juego de la propia tropa, señalan que si se nombra a una persona de menor antigüedad los de mayor grado y experiencia deben salir. No es por tanto una regla inventada por el actual Presidente sino que consta en los protocolos de los hombres en armas, que han jurado cumplir la constitución y las leyes de Colombia. Lo primero que debe entenderse es que la decisión como el propio mandatario lo expresó puede contener connotaciones de injusticia, pero no es un ataque a la institucionalidad existente sino a las nuevas estrategias ya explicadas en el programa de gobierno donde quedó escrito: “FFAA para una era de Paz. Consolidaremos el principio constitucional de la prevalencia de la autoridad civil sobre la militar, la promoción del respeto y la garantía de los derechos a la vida, la integridad, la libertad y la seguridad de todos las personas, grupos y comunidades en todo el territorio nacional”. Ese cambio de enfoque en la doctrina militar hace parte de los ofertas que se le hicieron al pueblo en la campaña y, por tanto, se convierten en tema obligatorio de las promesas que deben ser cumplidas en estos 4 años de gobierno.

Igualmente se anotó en el programa : “La institucionalidad debe ser más corporativa para ser más eficiente, más estratégica para transparentar sus procesos de contratación y más operacional para organizar mejor su estructura y funcionamiento interno”.

 Es claro, entonces, que  “Los objetivos del desarrollo del milenio han constituido puntuales inspiraciones para acciones específicas entre las organizaciones que hacen parte del sistema de Naciones Unidas, los Gobiernos de algunos países, de manera individual, y otras organizaciones privadas que los han adoptado como propios […] el compromiso mundial alrededor de erradicar y/o disminuir la extrema pobreza demanda una actitud de cooperación internacional y, en el ámbito local, entre el sector público y privado. La operatividad de las acciones interdisciplinares plantea reflexiones y debe generar acciones solidarias desde las profesiones y las disciplinas […]” (Ingeborg, 2019). (Ver: https://esdeguelibros.edu.co/). Es así como en todos los documentos orientados a ser instrumentos de capacitación para la próxima década, prevalecen los derechos fundamentales y las libertades ciudadanas.

La fuerza pública entonces, va camino a una transformación de fondo que ya estaba prevista en textos anteriores a la elección del 2022. En este periodo seguramente se avanzará hacia los objetivos previstos de unas fuerzas armadas más técnicas y profesionales, dotadas con armamento estratégico, y compenetradas con las modernas tecnologías de combate, defensa global y uso de sistemas informáticos de alto rendimiento.

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