El abuso del derecho es una figura jurídica muy usada en las democracias dictatoriales y en las dictaduras plenas. Los vacíos que deja el legislador los llena el tirano a base de interpretaciones que favorecen sus intereses particulares o los de su partido. “El abuso del derecho, supone que su titular haga de una facultad o garantía subjetiva un uso contrapuesto a sus fines, a su alcance y a la extensión característica que le permite el sistema. Se presenta cuando en el ejercicio de un derecho subjetivo se desbordan los límites que el ordenamiento le impone a este, con independencia de que con ello ocurra un daño a terceros. Es la conducta de la extralimitación la que define al abuso del derecho, mientras el daño le es meramente accidental”. (SU-631/17)
Por estos días el gobierno saliente está haciendo uso tergiversado del buen servicio público, aprovechando los vacíos legales para dejar atornillados a sus amigos y adláteres (‘Persona que acompaña habitualmente a otra, a la que, por lo general, está subordinada’). Pero también usan el poder para llenar de privilegios y guardaespaldas a quienes no los merecen ni los requieren, pues la seguridad tiene un carácter subjetivo, que el nuevo gobierno puede desconocer, simplemente cambiando la norma sustantiva o procesal. El derecho Colombiano bien distingue la pirámide legal poniendo como cabeza de ella las normas constitucionales y más abajo los decretos ordinarios. No puede olvidarse que todo abuso o desviación se puede corregir de oficio o por medio de los jueces. Así lo hizo Biden para derogar ordenes ejecutivas de Trump.
Con fundamento en normas que existen pero abusando del derecho y desviando el uso del poder dado por la legislación, el Presidente que sabía de la derrota del Centro democrático por el líder del Pacto Histórico, fue preparando cambios en Ecopetrol, en la comisión de regulación de Energía y Gas (CREG), para dejar a Luigi Echeverry y a Andrés Barreto en cargos de gran poder. El primero su Gerente de Campaña y, el segundo, el que le llevaba la maleta en la UTL del Congreso al Senador Duque. No es de extrañar que, además de esas movidas, se haya inventado que sus mejores amigos en Ministerios y otros cargos de Presidencia son objetivo militar de grupos ilegales y que deben estar custodiados por decenas de guardaespaldas con carro blindado, lo que le cuesta al Estado contando todo ese grupo privilegiado, $2.500 millones diarios. El Pacto Histórico debe cambiar esas realidades, por medio de actos jurídicos similares a los usados por Duque pues lo ilegal no crea derechos ni genera obligaciones.
Las modificaciones que se hicieron en entidades se eliminan mediante decisiones de Juntas Directivas o asambleas y lo de Barreto se podría arreglar derogando el articulo de la ley y generando un cambio en las normas internas de manera que el periodo de cada comisionado coincida con el del Presidente para que así se eviten esos arrebatos contra las normas, que dejan pasmados a los más serios juristas. El gobierno Nacional en la CREG quedó en minoría y eso no puede ser posible, frente a la norma constitucional que establece que el Presidente es suprema autoridad administrativa. Un Secretario Jurídico de Presidencia con amplia experiencia en Constitucional y derecho Administrativo, pero conocedor de otras disciplinas, buen profesor y litigante, sin miedo a tomar decisiones, arreglaría esos entuertos del flamante Presidente que se despide dejando en llamas jurídicas la Casa de Nariño.
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