Dos nombramientos que la derecha considera polémicos: Agricultura y Defensa. Son piezas fundamentales para una paz completa y duradera. Esos Ministerios serán los adalides de la nueva Colombia. Al frente de ellos el Presidente electo Gustavo Petro tendrá dos personas con experiencia en una y otra actividad. En el primero estará Cecilia López, en el segundo, Iván Velásquez. Las voces de los defensores del gran capital se hacen oír, porque temen lo peor. Les quitarán sus tierras y, además, ya no podrán manipular a la fuerza pública. Pero a esos comentarios les falta mucha objetividad, si se comparan con el programa del pacto histórico y con las leyes vigentes hoy en Colombia. Según el profesor Manuel Atienza, quien dictó en la Universidad Externado una conferencia sobre el derecho como argumentación, allí explicó este tema de la siguiente manera: “en un argumento deductivamente válido, si las premisas son verdaderas, entonces también lo es necesariamente la conclusión.”
Pero me temo que, en este caso, en contra de lo que predicen los augures de desastres ocurrirá todo lo contrario. Sus premisas como ataques personales son falsas y por ende los resultados de sus afirmaciones también. Si como todo está dicho se va a respetar las Constitución y las leyes en este mandato que se inicia el 7 de agosto de 2022, el mismo será excelente en términos de resultados y de satisfacción ciudadana, para eliminar el pesimismo de los que piensan que en el país las cosas van mal (83.75%). Esa sensación la deja el gobierno saliente, pero el que se instala debe devolver esa confianza y esa alegría perdida por el número de desplazados, heridos y muertos que deja la guerra que se ha mantenido durante 5 décadas. La idea es que el Pacto Histórico consolide un proceso de paz con los actores armados y para eso no se necesitan Ministros especialistas en inteligencia y contrainteligencia, defensa y seguridad, sino en derechos humanos y en conciliación. Las dos condiciones las reúnen los nominados ministros de Agricultura y Defensa.
Colombia no es una dictadura, ni se parece en poco o nada a ningún otro país. Ni vecino ni extraño. Es un Estado social de derecho, donde las personas vulnerables tienen que ser protegidas, donde las empresas y la propiedad tienen una función social que implica obligaciones. La derecha tiene el deber de estudiar los fundamentos de la Constitución de 1991 y las jurisprudencias, desconocidas por muchos, donde la Corte Constitucional ha reiterado parámetros de dogmática juridica basados en el mandato del artículo 22 (derecho a la paz) de la Carta Política y en los artículos 58 (derecho de propiedad) y 333 (función social empresarial).
La oposición no debe ser destructiva, sino analítica, no debe ser emocional, sino cerebral. Todos esperamos que así como la derecha tuvo el poder durante más de 200 años, permitan que se gobierne durante estos 4 años sin seguir con el discurso del odio, de la amenaza, de la superioridad social y de raza o defendiendo el continuismo de políticas e ideologías que solamente han conducido a una vida desigual y violenta.
Se el primero en Comentar