Hubo 51 muertos en el incendio de la cárcel de Tuluá Valle del Cauca y, al parecer, la noticia no fue esa cantidad de fallecidos, sino la lectura del comunicado oficial que da por sentado que la causa del incendio fue una riña entre reclusos. Dicho comunicado fue ampliado por los propios internos quienes manifestaron que en la penitenciaría no había sino un guardián, porque los demás estaban en una fiesta. Es decir, hubo abandono de los deberes de inspección, vigilancia y control por parte de los responsables y, por supuesto del Ministro y del Director del INPEC, encargados de garantizar la seguridad de todos los que allí estaban. Tampoco había equipos para el control de incendios.
Los funcionarios quieren desaparecer su responsabilidad señalando a los reclusos como causantes de esa catástrofe, que en cualquier parte del mundo hubiera generado renuncias desde el Ministerio hasta el último oficial de la guardia penitenciaria. Pero los muertos no importan a una sociedad que ha llegado a los niveles más bajos de respeto por la vida humana. Después ha seguido el silencio. Claro, nadie quiere responder por las indemnizaciones a la familias que perdieron a sus parientes en semejante infierno. Las cárceles en Colombia no son instrumentos penales para la prevención especial y la reinserción social, sino para que allí las almas de los fieles difuntos descansen en paz.
La responsabilidad surge porque las afectaciones a la vida o a la integridad personal de los reclusos, sin que medie el incumplimiento de una obligación administrativa, “no pueden considerarse un efecto esperado de la detención; o bien una carga soportable por quienes se encuentran privados de la libertad”. El Consejo de Estado ha dicho “que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros compañeros del centro penitenciario, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad, consistente en el hecho de un tercero”. Responderá, entonces, el Estado por todos los fallecidos y heridos y, mediante repetición, los de más arriba que ejercen el control. Todos esperamos que en el gobierno del Pacto Histórico se haga una reforma a fondo del sistema penitenciario del pais.
El gobierno que se está terminando se ha caracterizado por echarle la culpa de todo a los demás, pero sus actos ilegales los ocultan. Sentencias de las Cortes que han puesto de manifiesto el hecho de expedir disposiciones en contra de la Constitución y de la ley, pasan desapercibidas para la prensa oficialista. Pero la historia se encargará de exponer públicamente esas violaciones. Por cierto, los Tribunales ya cuentan tres (3) sentencias declarando la nulidad de los nombramientos de dos (2) Ministros y un Director de Departamento administrativo. La razón violar el derecho que tienen las mujeres según la ley 581 de 2000 de obtener cuotas dentro de la administración pública. Pero ese derecho fue violado por el Presidente Duque a las mujeres que siguen esperando reivindicaciones. Y los tribunales son los encargados de hacer cumplir esas disposiciones, porque en el ejecutivo se ríen de la ley y hacen lo que les viene en gana hasta en tiempo de despedida.
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