El derecho no nace necesariamente por la necesidad de regular los comportamientos sociales para el logro de la libertad y el bienestar general. A veces las normas son mecanismos o instrumentos de dominación. Cuando se quiere reprimir a un sector de la población se dictan disposiciones que impongan castigos más duros a quienes se salen de las reglas que el gobernante de turno desea imponer. Es un derecho de dominación y de miedo. Principios como el de la presunción de legalidad de los actos administrativos son herencia de las antiguas monarquías. Significa nada más ni nada menos que los gobernantes no se equivocan, porque según las doctrinas ya superadas el poder viene de Dios. El verdadero derecho tiene que buscar objetivos más elevados como la formación humana para alcanzar la convivencia y la solidaridad, o superar los conflictos por la vía pacífica, o mejorar las reglas para que la economía no sea un instrumento de esclavitud de los que más tienen contra los menos capacitados para producir riquezas.
Los tiranos modernos saben que las armas y el derecho son puertas abiertas para la dominación y para que los malos gobiernos se sostengan por la fuerza y las regulaciones. De allí que una de las metas de los promotores del racionalismo y la iluminación del siglo de las luces era limitar los poderes del Estado frente a la libertad de los ciudadanos, imponiendo reglas más claras para evitar los abusos del poder. Así lo han hecho las cortes constitucionales creadas a partir del siglo XX. Pero los gobiernos no se han querido dejar imponer reglas claras, por eso corrompen a los legisladores y a los empresarios y detrás de esas maniobras el pueblo también queda a merced de los expoliadores.
Por otro lado, también existe un mecanismo de elusión de la ley cuando se hace fraude, es decir, las conductas fraudulentas no se configuran únicamente en el evento en que se adopte una decisión con fines ilegales ligados a una intención dolosa, sino que también se materializa en aquellos eventos en los que se adopta una decisión fundada en el fraude a la ley, derivada de una interpretación normativa abiertamente contraria a los postulados constitucionales o legales y a la buena fe judicial o administrativa. La jurisprudencia ha determinado que “La extralimitación del ejercicio de un derecho no puede apreciarse a través del análisis de las pautas previstas por una única regla particular. Como quiera que la disposición normativa responde a uno e incluso a varios sistemas y subsistemas interpretativos, que la dotan de sentido y a su vez la limitan, su valoración aislada es la que puede engendrar un contrasentido y acarrear un abuso del derecho, en algunos casos compatible con el fraude a la ley.” Luego, abuso del derecho y fraude a la ley se conjugan en conductas autoritarias en las sociedades democráticas gracias a la confusión que genera su interpretación y aplicación lo que es aprovechado por los gobiernos de derecha antidemocráticos para quebrantar de manera habilidosa el estado de derecho y la democracia participativa. Acaba de pasar con la Procuraduría suspendiendo alcaldes, sin tener los funcionarios de ella la calidad de jueces, en términos jurisdiccionales.
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