La derecha colombiana es sorprendente. Por un lado acusan a los demás de unirse con personas poco fiables, pero no ven las señales del pueblo que les está diciendo que son ellos los que tienen el país en crisis social, económica y política; por el otro, jamás habían actuado con tanta agresividad porque tenían un montaje electoral comprado, nada les preocupaba, pero hoy ven al frente del Pacto Histórico a un rival de cuidado que puede arrebatarles su “pax romana”, sus privilegios y sus vinculaciones corruptas con el Estado.
Para ellos las divisiones en clases es normal, es entendible que haya estratos pobres donde se ubica el 85 por ciento de la población, y clases adineradas donde están las minorías privilegiadas, cuyos gastos y consumos son muestras de derroche y dilapidación. Poco les importa que el 65% del trabajo sea informal y que los empleos formales ganen salarios de hambre. Claro, en los sectores donde ellos se mueven los salarios son cuantiosos y llevan adiciones como pago de clubes, carros, aviones y demás privilegios de los ricos y famosos.
Una familia normal en Colombia jamás podrá tener casa propia porque los altos costos se lo impiden. Se calcula que 6.3 millones de familias viven en arrendamiento y hay 4 millones en viviendas de mala calidad, sin contar los barrios de invasión. Tampoco podrán entrar a la universidad, pues las matrículas son inalcanzables y los cupos se agotan en la primera ronda de inscripciones. Los centros de educación del Estado carecen de todo para investigar y formar profesionales competitivos, salvo aquellos casos en los que algunos centros de enseñanza han logrado hacerse a ciertos privilegios como celebrar contratos tercerizados de donde sacan una importante tajada con perjuicio del objeto contratado o hacerse aprobar una estampilla. La salud es otro derecho de los cotizantes de ingresos altos, porque los pobres son atendidos con desdén y logran conseguir los medicamentos y demás beneficios a base de tutelas. Cada día según la Corte Constitucional llegan a los despachos 250 tutelas reclamando el derecho a la salud, es decir, más de 90.000 al año, de las más de 450.000 tutelas que deben tramitarse por otros derechos violados.
Por eso el pueblo ya no les tiene miedo a los ricos, ni a los empresarios que manejan el Estado a base de compadrazgos y aportes abiertos o secretos a los partidos para disfrutar de las mieles del poder. Para verificar esas donaciones bastaría hacer un revisión minuciosa de las contabilidades de los conglomerados que ganan mucho y reparten un porcentaje en comisiones como ellos mismos reconocen para ganar negocios. La amenazas contra los trabajadores si no votan por el candidato del actual gobierno es una violación flagrante de los principios democráticos, un delito y una descarada intimidación, frente a la cual la Fiscalía ya debería estar interviniendo para sancionar a los violadores de la ley laboral y penal. Un cambio en primera vuelta sería el ideal, para impedir las componendas de quienes están dando la batalla a favor del continuismo y el saqueo a las arcas del Estado.
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