El gran debate de la modernidad no debería ser entre izquierdas y derechas, sino entre defensores y violadores de los derechos humanos. Es lamentable sí, que la disyuntiva quieran proponerla es como luchas entre ricos y pobres. Las sociedades desiguales son obra del mismo hombre y es a través de políticas estatales como deben acabarse. El papel del Estado es generar programas públicos que de manera seria, coherente y de largo plazo, inicien el proceso de hacer de las sociedades grupos humanos más seguros, justos, solidarios e incluyentes. Podemos decir que el llamado “estado de bienestar” Europeo que estuvo vigente entre 1945 y 1990, es reemplazado por el neoliberalismo, etapa en la que se inician acciones para disminuir la actividad del Estado y dejar que las fuerzas del mercado obren por sí mismas para alcanzar el desarrollo económico y social.
Los críticos del “estado de bienestar” expresan sus dudas sobre los efectos que deja un apoyo continuo y sistemático a la actividad humana, afectando la fuerza laboral que se contenta con recibir ayudas, apoyos y subsidios, pero que anula la creatividad y la competitividad. Por el contrario, el neoliberalismo, según otros, despierta el emprendimiento, el deseo de adquirir riquezas y fomentar el crecimiento personal y social. Lo complicado de una y otra posición es que en ambos casos es la persona humana más vulnerable la que resulta perdiendo en medio de la guerra desatada por las fuerzas que impulsan cada una de esas opciones.
Parece que el concepto de solidaridad bien aplicado es la solución para conseguir el crecimiento, no de unos pocos, sino de todos, especialmente de los más pobres. La Corte Constitucional lo ha explicado en varias sentencias, pero en la C-767/14 compiló su pensamiento sobre el tema así: “La Corte ha definido el principio de solidaridad como: “un deber, impuesto a toda persona por el solo hecho de su pertenencia al conglomerado social, consistente en la vinculación del propio esfuerzo y actividad en beneficio o apoyo de otros asociados o en interés colectivo. La dimensión de la solidaridad como deber, impone a los miembros de la sociedad la obligación de coadyuvar con sus congéneres para hacer efectivos los derechos de éstos, máxime cuando se trata de personas en situación de debilidad manifiesta, en razón a su condición económica, física o mental”.
Recordemos, entonces, que esta es una lucha que han librado los trabajadores desde el siglo XIX, pero en América Latina las dictaduras no dejaron por muchos años hacer manifestaciones y/o movilizaciones públicas para reclamar derechos, actos que fueron controlados mediante el uso abusivo de la fuerza pública y mediante desapariciones forzadas de los lideres, lo que en algunos países como Colombia generó la aparición de las guerrillas. Los enfrentamientos entre el capital y el trabajo debe conciliarse por gobiernos defensores de los derechos humanos, que entiendan que empresarios y trabajadores son columnas del edificio social. Que aquellos deben aportar mediante la tributación al progreso de toda la comunidad, especialmente impulsados por la solidaridad social. Un movimiento de izquierda como el que lidera el pacto histórico puede ser el comienzo de esa transformación. Eso es lo que está reclamando la sociedad en este momento de la historia,” para construir una paz estable y duradera”.
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